La consejera de Agricultura de la Junta de Comunidades, María Luisa Soriano, ha asegurado que “Este Gobierno, en tan solo seis meses, ha ahorrado más de 28 millones de euros, gracias a la política de racionalización del gasto público que hemos llevado a cabo, una de las principales líneas de actuación de nuestro Gobierno”.
Así lo ha expresado Soriano en el transcurso de su intervención en las Cortes regionales, donde ha puesto de manifiesto que la responsabilidad obliga a realizar un esfuerzo de reestructuración “que no hubiera sido necesario si el anterior Gobierno socialista hubiera gestionado la empresa Geacam y la comunidad autónoma con mayor rigor presupuestario y una adecuada proporcionalidad entre los ingresos y gastos estimados para el mantenimiento de su estructura”.
En la decisión de realizar ajustes presupuestarios en el dispositivo de prevención y extinción de incendios, ha señalado la Consejera, “hemos priorizado los dispositivos necesarios en la temporada alta de incendios, que empezará el próximo 1 de junio, frente a las tareas de invierno de limpieza de montes, porque entendemos que es la decisión más adecuada ante la situación que nos encontramos”, ha explicado.
“El Gobierno regional considera que el dispositivo para la prevención y lucha contra incendios forestales en Castilla-La Mancha se mantendrá si finalmente los sindicatos tienen a bien aceptar la propuesta de que los trabajadores pasen de fijos a fijos-discontinuos. Asimismo, el Centro de Coordinación Regional y los Centros de Operaciones Provinciales seguirán funcionando durante todo el año. Lo que no podemos mantener son los contratos de doce meses”, ha añadido.
La titular de Agricultura ha subrayado que los trabajadores que conforman el dispositivo de Geacam tenían regulada su relación laboral por convenio colectivo. A su juicio “llama la atención que en el año 2009 se firmara por parte del Gobierno socialista un nuevo convenio que denota una falta de sensibilidad con la situación de crisis económica que ya teníamos en Castilla-La Mancha y en el que se incluye un incremento salarial del 23 por ciento entre 2009 y 2012, cuando a los funcionarios de la Junta de Comunidades ya se les estaba bajando el sueldo”.
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