Entre el 45% al 60% de los homicidios contra las mujeres que se realizan dentro de sus hogares, la mayoría los cometen sus cónyuges. Además es la principal causa de muerte para las mujeres entre 15 a 44 años de edad, ubicándose por encima del cáncer y los accidentes de tráfico.
Aunque la igualdad entre mujeres y hombres está garantizada en las constituciones de muchos países con frecuencia se les niega a ellas el acceso a la justicia y a la protección contra los abusos.
Esto no se origina por desconocimiento, sino por una falta de inversión, de voluntad política de respetar las necesidades de las mujeres y de proteger sus derechos fundamentales.
De las casi 50 mujeres asesinadas en España en la llevamos de año solo 7 habían denunciado. Con la nueva Ley de Tasas Judiciales habrá menos mujeres que denuncien porque al drama que supone reconocer que eres mujer maltratada y contarlo ante la policía, al riesgo que se corre de desprotección, inseguridad y peligro de venganza, habrá de sumarse la necesidad de tener dinero para interponer dicha denuncia. Las mujeres pobres, dependientes, en paro o menores si no tienen dinero la justicia no les asiste.
Para separarse o divorciarse hace falta dinero también, tener recursos como una vivienda y poder mantener a los hijos, sin embargo cuando una mujer trabaja todavía cobra menos que el hombre realizando la misma función, todavía tienen los contratos precarios, parciales, temporales o está trabajando en la economía sumergida. La feminización de la pobreza cada día es mayor.
En cuanto a la sanidad con los brutales recortes se consigue que enfermedades relacionadas con las mujeres se diagnostiquen tarde o en malas condiciones, también aquellas que tienen que ver con los malos tratos como depresiones, fibromialgias, trastornos alimenticios, falta de sueño y de concentración entre otras. En algunas comunidades además se paga el euro por receta.
Izquierda Unida en Castilla-La Mancha ha denunciado que el Gobierno regional ha recortado un 40% en presupuesto del Instituto de la Mujer, ha despedido a más de 120 trabajadores/as especializados, ha dejado a muchas poblaciones del medio rural sin atención básica de los Centros de la Mujer, muchos de ellos están cerrados, se ha abierto la puerta a la privatización de los servicios, y los trabajadores de los centros que quedan abiertos están en situación de absoluta precariedad y sin medios, además de la incertidumbre que les rodea al depender de una subvención anual.
Con respecto a los convenios para el sostenimiento económico de los Centros de la Mujer y recursos de Acogida, cuyo montante de más de 9 millones de euros no se ha pagado en este año 2012, lo que significa poner en riesgo lo poco que queda de programas y servicios contra la violencia de género.
En nuestra región acaban de aprobar el Decreto de la Autoridad del Docente porque quieren proteger a los profesores/as, dicen que les importa la educación, mientras tanto reducen miles de puestos de trabajo en este campo, consiguiendo que haya más alumnado por aula lo que provoca peor educación, y a peor educación más violencia, menos igualdad. El respeto y la autoridad son posibles con el conocimiento y la cercanía y son imposibles con el hacinamiento que se produce en nuestras aulas, llenas de chicas y chicos diversos, reproductores de modelos que ven a su alrededor.
Las políticas del gobierno atentan contra la integridad de las mujeres y de la democracia. Están desmantelando los servicios sociales, cerrando casas de acogida y puntos de encuentro, suprimiendo centros de atención a la drogadicción, de la cartilla sanitaria a la población inmigrante, siguen produciendo desahucios y una ley de dependencia que no se desarrolla. Es machismo institucional, cuyo modelo de crecimiento económico es Eurovegas.
Hoy reivindicamos con urgencia para paliar la violencia de género:
• Una política, laboral, fiscal y social al servicio de la redistribución justa de los recursos para evitar la feminización de la pobreza
• Defensa de los servicios sociales con incremento de gasto en políticas de igualdad
• Corresponsabilizar a toda la sociedad del sostenimiento de la vida y del hogar, a todos los hombres con medidas como la reducción generalizada de la jornada sin pérdida de salario y prestaciones
• La abolición de la prostitución
• Derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo
• Que la violencia de género como maltrato psíquico, físico, violaciones sexuales u otras expresiones sean visibilizadas y que las instituciones y la sociedad no la minimicen ni la normalicen.
IU Cuenca
Si (
No(
