Así lo han explicado en el texto que han presentado esta misma mañana en el juzgado, en el que especifican que la forma de convocar de nuevo esta plaza no cumple con la sentencia de 4 de junio de 2012 dado que se estaría atentando contra los artículos 14 y 103 de la Constitución Española así como contra el 55 del Estatuto de la Función Pública.
Los populares manifiestan que todas las deficiencias que suponían la declaración como nulo de pleno derecho de este nombramiento acordado en el Pleno de 27 de julio de 2.012 se siguen dando en la presente convocatoria. A juicio del PP sólo falta conocer si finalmente será la misma persona quien sea designada en esta convocatoria, algo que en su opinión, sucederá con toda seguridad. De ser así, quedaría claro que con este proceso se deja sin virtualidad la sentencia que declaraba nulo su nombramiento.
El Grupo Popular considera además que sigue sin reunirse la mesa de negociación con los trabajadores, un requisito indispensable en cualquier caso en el que se haya producido una modificación del catálogo de puestos de trabajo como ocurre en este caso. Este hecho supone el incumplimiento del Estatuto Básico del Empleado Público, Ley 7/2007, de 12 de abril, art. 37, el art. 15 del Acuerdo Marco Municipal y el art. 46 de la Ley 4/2011 de 4 de marzo de Empleo Público de Castilla la Mancha.
Sobre la publicación del proceso selectivo en el Boletín Oficial de la Provincia, argumentan que no basta para suplir la exigencia de publicidad de las convocatorias, ya que la ley exige además que también se haga en el Diario Oficial de Castilla la Mancha aunque se trate de procedimientos de libre designación, como es el caso. No haberlo hecho es una exigencia del Real Decreto 896/1991 e invalidaría la mencionada convocatoria.
También explican en las alegaciones que el procedimiento de libre designación necesita una justificación dado su carácter excepcional, que tampoco se ha producido y que podría invalidar el proceso puesto que existe numerosa jurisprudencia al respecto en la que ha primado esta cuestión.
Por todas estas circunstancias, el Grupo Popular advierte que la convocatoria de la Junta de Gobierno Local de 15 de noviembre de 2012 es tan ilegal como el nombramiento efectuado mediante acuerdo de pleno en julio de 2011. En ambos casos no se han respeta los principios más básicos de publicidad, mérito y capacidad de acceso a la función pública.
Desde el PP insisten en que el alcalde Juan Ávila pretende practicar una vez más su política de personal favorita: el enchufismo, interpretando a su medida una vez más la sentencia de un juez, tal y como ocurrió con las trabajadores del Centro de la Mujer, que fueron seleccionadas sin pasar la correspondiente prueba y sin cumplir los principios de mérito, igualdad y capacidad que establece la Función Pública.
Los populares solicitan que se convoque la plaza conforme a la ley y que se haga con una bajada notable del sueldo que hasta el momento cobraba el Jefe de Recursos Humanos, a quien consideran director general encubierto.
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