Presidida por el subdelegado del Gobierno en Cuenca, Ángel Mariscal, se ha constituido la Comisión Provincial de Coordinación de Seguridad Privada, órgano consultivo y de coordinación en el que están presentes los máximos responsables de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el comisario jefe provincial de la Policía Nacional y el jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, los representantes de los establecimientos obligados por ley a disponer de medidas de seguridad, las empresas y trabajadores del sector de la seguridad privada, representantes de la FEMP y de de los usuarios.
En la provincia de Cuenca, en torno a los 700 establecimientos están obligados a adoptar especiales medidas de seguridad, trabajando 650 vigilantes de seguridad privada y guardas particulares de campo. Cifras que indican que el sector de la seguridad privada genera un importante número de puestos de trabajo y juega un papel muy importante en la prevención y persecución de la delincuencia en colaboración con la Policía Nacional y la Guardia Civil.
Los establecimientos obligados a contar con especiales medidas de seguridad son las entidades bancarias, establecimientos de farmacia, estaciones de servicio, joyerías, administraciones de loterías y despachos de apuestas mutuas, medianas y grandes empresas de distribución, salas de juegos de azar y galería de arte.
La Subdelegación del Gobierno quiere dar un impulso a la participación de la seguridad privada en la protección de las personas y bienes en su ámbito de actuación y mejorando la colaboración existente con la Policía y Guardia Civil.
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