Los populares se amparan en el artículo 84 de la LJCA para solicitar la ejecución provisional porque, “lejos de cumplir con la ley, el equipo de Juan Ávila, sigue sin entregar numerosa documentación” que han solicitado en algunos casos hace más de año y medio. El PP considera especialmente destacable que no se les haya entregado el expediente relativo al servicio de asesoramiento jurídico que aprobó la Junta de Gobierno en noviembre y que podría suponer un posible caso de malversación de fondos. Esta factura, detectada por los populares, asciende a 9.075 euros y está relacionada con la sentencia de la Oferta Pública de Empleo de 2007. el PP solicitó este expediente porque existen sospechas de un posible delito, que podrían ser aclaradas con estos documentos.
Otros asuntos pendientes de respuesta son los referidos a los gastos y facturas de la peatonalización de Carretería o al cambio de gestión del agua y la empresa pública Aguas de Cuenca. También se incluyen en este recurso alusiones a diversos documentos sobre otros organismos municipales y cuestiones de personal que no han sido trasladadas al grupo de la oposición, vulnerando así sus derechos fundamentales.
El Grupo Popular considera que la actitud de Ávila en este asunto demuestra su “escaso talante democrático”, y una total opacidad en su gestión. Un hecho que contrasta con su “propaganda” acerca de un supuesto plan de transparencia, que es una “completa falsedad”.
Los populares confían en que el Juzgado de lo Contencioso obligue al primer edil a cumplir con la sentencia, y puedan obtener así la documentación precisa para poder ejercer de forma correcta la labor de oposición y control que les otorgaron los ciudadanos en las urnas.
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