Guijarro: "Lo que están haciendo Echániz y Cospedal en el convenio sanitario con Madrid es engañar a los ciudadanos durante cuatro años para montar ahora un paripé electoral"

Martínez Guijarro se pronunciaba de esta manera esta mañana, en una comparecencia ante los medios de comunicación, en Toledo, en la que recordaba que, “el pasado 21 de Noviembre, el Gobierno de Castilla-La Mancha emitía una nota de prensa en la que aseguraba que ya se había llegado a un acuerdo con Madrid, un acuerdo por cinco años”.

Y proseguía asegurando que “ayer, casi cuatro meses después, Echániz vuelve a sacar una nota de prensa diciendo que se da un paso más, que el acuerdo será por dos años, y que el Gobierno de la Comunidad de Madrid ya ha dado el visto bueno”.

El portavoz parlamentario socialista insistía en que “a día de hoy, el convenio sigue sin estar firmado y es mentira que el Gobierno de la Comunidad de Madrid autorizara ayer este convenio”, una afirmación que demostraba enseñando a los medios la Referencia de los acuerdos de la reunión, ayer, del Consejo de Gobierno del Ejecutivo autonómico. En esa reseña, efectivamente, nada se dice de esa cuestión.

En otro orden de cosas, Martínez Guijarro ha exigido a Cospedal el cese, “hoy mismo”, del consejero de Presidencia y portavoz, Leandro Esteban al que ha considerado responsable de lo que ha tildado como “chapuza” de gestión del asunto de los interinos despedidos ilegalmente en el mes de agosto del año 2012 y que la Justicia ha obligado a readmitir e indemnizar dos años y medio después.

Señalaba Guijarro que “desde esta misma mañana, el Gobierno de Castilla-La Mancha están teniendo que pagar muchos millones de euros de dinero público por la soberbia con la que mantuvo a esos interinos despedidos y sin trabajar, empeñándose en recurrir al Tribunal Supremo cuando ya los tribunales le habían dicho que debía readmitirlos”.

Además, el dirigente socialista ha anunciado que los socialistas en el Parlamento autonómico van a exigir que el Gobierno informe con detalle cuánto dinero público ha costado no solo en indemnizaciones a estos trabajadores, que las organizaciones sindicales cifran en hasta 30 millones de euros, sino en los gastos derivados del proceso jurídico en el que insistió el Gobierno de Cospedal.