Según el escrito de acusación del ministerio fiscal, el 8 de junio de 2021 tenía trabajando en el corte y recolección de ajos a diez trabajadores de nacionalidad rumana, que no estaban dados de alta en la Seguridad Social.
La Fiscalía añade que la acusada era "plenamente consciente de los perjuicios que su conducta suponía al privar a los trabajadores de los derechos del sistema", así como de la "competencia desleal que comportaba su actuación, en relación con el resto de los empleadores que sí se atienen al cumplimiento de la normativa".
Por ello pide un año y medio de cárcel y una multa de 3.240 euros, así como una indemnización a la Tesorería General de la Seguridad Social por las cuotas impagadas de los trabajadores.
El juicio se celebrará el jueves 27 a las 10:00 horas en la Audiencia Provincial de Cuenca.