La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha reconocido a Castilla-La Mancha como ejemplo de buenas prácticas en la lucha contra la despoblación, destacando su legislación pionera y el conjunto de políticas públicas desarrolladas para afrontar el reto demográfico en el medio rural.
Así lo recoge el informe “Reduciendo de Manera Inteligente y Sostenible: Compendio de buenas prácticas”, recientemente publicado por esta organización internacional integrada por 38 países. El documento analiza experiencias basadas en evidencias para abordar el cambio demográfico, y subraya el modelo castellanomanchego como una referencia dentro y fuera de Europa.
En concreto, la OCDE destaca que Castilla-La Mancha ha sido la primera región de la Unión Europea en aprobar un marco legislativo integral contra el declive demográfico: la Ley de medidas económicas, sociales y tributarias frente a la despoblación, aprobada por unanimidad en las Cortes regionales y con un alto grado de participación ciudadana.
Uno de los elementos más innovadores señalados por la OCDE es la zonificación establecida por la ley, que reconoce 26 zonas despobladas que engloban a 721 municipios —el 80 % de la región—, y que cuenta con incentivos fiscales específicos como deducciones en el IRPF de hasta el 25 %, ayudas de 500 euros por traslado laboral, o bonificaciones del 75 % en tributos para empresas que se establezcan en estos territorios.
El informe también valora la inclusión de la memoria de impacto demográfico en la Ley de Presupuestos regional desde el ejercicio 2023. Este documento garantiza que las cuentas autonómicas tengan en cuenta el reto demográfico de forma transversal. En el presupuesto actual, se destinan más de 2.000 millones de euros —el 25 % del gasto efectivo— a medidas contra la despoblación.
Además, la OCDE pone en valor la Estrategia Regional frente a la Despoblación, diseñada con un horizonte de diez años y dotada inicialmente con más de 3.300 millones de euros para ejecutar más de 200 medidas concretas.