Según consta en autos judiciales, bajo el mandato de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes, Ana Pardo de Vera al frente del administrador de infraestructuras ferroviarias (ADIF) y Javier Herrero como director general de Carreteras, se han detectado indicios de presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y malversación de caudales públicos.
Los delitos se relacionan con manipulaciones realizadas durante el proceso de adjudicación de obras. El procedimiento consistía en facilitar al exministro José Luis Ábalos la información que obraba en los diferentes expedientes, de manera que las adjudicaciones proyectadas por el ministro y su asesor, Koldo García, pudieran llegar a “buen término”.
En hipótesis, esta trama con una capacidad adiestrada en quebrantar el correcto funcionamiento de la administración pública y prescindir de la imparcialidad en las decisiones, podría incumplir la ley y elaborar los informes oportunos que justifiquen la clausura de la línea de media distancia Aranjuez-Cuenca-Utiel, para satisfacer con ello los intereses empresariales y políticos.
La hipotética maquinación para la clausura de la línea férrea planificada desde la presidencia de la CEOE-Cuenca desde 2007 no sería fácil detectar de inmediato porque no deja el rastro del dinero. La contingencia tiene menor riesgo que la manipulación de los expedientes de empresas para adjudicar obras. Sobre todo, si consideramos que la entidad pública de ingeniería y economía del transporte (INECO), dependiente de la ADIF de Pardo de Vera, sería la encargada de hacer los informes correspondientes, para justificar la clausura del servicio público de ferrocarril.
La intriga permanecería oculta a la UCO y sería complicada descubrir, aunque ADIF procediera a la desafectación de los terrenos del ferrocarril, los desvincule del servicio público y pasen a manos de las empresas constructoras. Pero el Tribunal Supremo que todavía tiene que dictar sentencia por el recurso de Comisiónes Obreras y Ecologistas; y el Tribunal Constitucional que tiene pendiente el recurso de los Alcaldes de pueblos por el tren, quizás sospechen de la imparcialidad y legalidad de los informes de ADIF y de INECO motivando la clausura de la línea y paralicen el plan de destrucción del ferrocarril.
Entre tanto, la CEOE de Cuenca que codicia los céntricos terrenos de la estación desde hace años para especular y darse el pelotazo a costa de los bienes públicos de la ciudadanía está impaciente y presiona a las autoridades para que procedan a la destrucción, desafectación y privatización de las catorce hectáreas de la estación, situadas en el centro de la ciudad de Cuenca.
La destrucción de la línea férrea perjudicaría seriamente el futuro de los pobres núcleos rurales despoblados. Pero interesaría a ADIF, porque elimina la competencia que una línea de ferrocarril modernizada con estación en el centro de la ciudad supondría para la alta velocidad, con esa disparatada estación a varios kilómetros de Cuenca.
Interesaría también a la Junta de Castilla-La Mancha, porque los fondos europeos que no se invierten en renovar la línea se emplean para desarrollar otras zonas más pobladas de la región y con más votantes. Además, que la Junta colabore en no modernizar la línea de ferrocarril favorece que no avance la provincia -designada por su atraso como “zona A” por la Comisión Europea-, lo cual contribuiría a que aumente la cuantía de los fondos europeos que recibirá la Junta de Castilla-La Mancha, por conseguir que Cuenca siga siendo la provincia más pobre de toda la región.