El acuerdo, aprobado por seis de los siete concejales, fijaba los plenos en viernes y buscaba cumplir la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases del Régimen Local, que obliga a municipios de menos de 5.000 habitantes a celebrar al menos un pleno trimestral. Sin embargo, el último pleno se celebró el 30 de mayo, dejando al municipio con más de un trimestre de inactividad política y vulnerando tanto el acuerdo municipal como la legislación estatal.
Desde la agrupación denuncian que la falta de sesiones ha impedido debatir y aprobar soluciones para proyectos prioritarios, como la modificación de uso público del paraje de las Chorreras del Cabriel tras la DANA de 2024, que provocó riesgo de desprendimientos. El baño y el acceso al cauce permanecen restringidos, afectando gravemente al turismo y la economía local.
El Ayuntamiento dispone de 100.000 euros para la construcción de una pasarela que permitiría recuperar el acceso seguro al paraje, con permiso de Medioambiente y apoyo de la Confederación Hidrográfica del Júcar, pero la obra no avanza por la ausencia de plenos. La falta de actividad plenaria también pone en riesgo la subvención concedida, cuyo plazo de justificación vence el 29 de octubre, y ha derivado en el cierre del aparcamiento municipal, con pérdida de puestos de trabajo para jóvenes.
“El pueblo está parado por falta de gestión. Los plenos son el espacio donde se aprueban soluciones, y si no se celebran, el Ayuntamiento deja de existir como órgano activo”, señalan desde la agrupación.
Además, denuncian que esta parálisis institucional no es un caso aislado, sino un problema extendido en otros municipios de la serranía, como Carrascosa, donde el bloqueo administrativo y la falta de secretarios están llevando al abandono progresivo de los pueblos.
Enguídanos, que forma parte de la red de pueblos de la España Vaciada, exige a las administraciones que garanticen el funcionamiento institucional mínimo, permitiendo gestionar recursos, mantener servicios y asegurar el futuro de su población.