Durante su intervención, Muñoz enmarcó el debate en la Directiva 2019/1937 y su transposición por la Ley 2/2023, que sitúa la contratación pública entre las materias protegidas y crea la Autoridad Independiente de Protección del Informante (A.A.I.). Destacó también la importancia de las experiencias previas de otras comunidades autónomas como referencia para la implementación del nuevo marco legal.
En Castilla-La Mancha, la Disposición Adicional Segunda de la Ley 4/2024 encomienda al Consejo ejercer funciones análogas a las previstas en la Ley 2/2023, centradas en la gestión del canal externo de comunicaciones, la protección de las personas informantes y la promoción de la cultura de la integridad. Para ello, el Consejo ha reforzado su capacidad con personal estable y cualificado, garantizando así la tramitación diligente de denuncias, la custodia documental y la continuidad técnica de su operativa.
Muñoz subrayó el alcance de la protección: la ley ampara conductas relacionadas con contratación pública, blanqueo de capitales, medio ambiente, salud pública, competencia y hechos susceptibles de constituir infracción penal o administrativa grave, así como aquellos que supongan perjuicio económico para la Hacienda Pública o la Seguridad Social. No están protegidas reclamaciones civiles o mercantiles entre particulares, denuncias de mala fe, rumores o conflictos personales aislados.
El presidente del Consejo hizo hincapié en la coordinación entre la A.A.I. estatal, las autoridades autonómicas y los órganos sectoriales para evitar solapamientos y garantizar una gestión ágil, respetando las garantías procesales y de protección de datos. Además, aclaró que los informantes no necesitan conocimientos jurídicos: basta con relatar hechos concretos y aportar o señalar pruebas; el triaje jurídico y las actuaciones correspondientes serán responsabilidad de la autoridad.
Muñoz cerró su intervención con un mensaje institucional: “El objetivo no es sancionar por sistema, sino incorporar la integridad como práctica cotidiana y protegida, poniendo las instituciones al servicio del interés general”.