CEOE CEPYME Cuenca ha mostrado su preocupación por el proyecto de Real Decreto sobre Residuos Textiles y de Calzado, al considerar que incrementará los costes y las cargas administrativas para las empresas del sector. Según un informe de CEPYME, la normativa podría poner en riesgo miles de pequeñas empresas y empleos en los próximos años.
La Confederación de Empresarios de Cuenca (CEOE CEPYME Cuenca) ha advertido de las consecuencias económicas que puede tener el futuro Real Decreto sobre Residuos Textiles y de Calzado, que regulará la Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP). La organización empresarial considera que la nueva normativa supondrá un importante incremento de costes para la industria y el comercio minorista, llegando incluso a comprometer la viabilidad de numerosas pequeñas empresas.
La organización provincial se hace eco del análisis realizado por CEPYME, en el que se estudian las previsiones de aplicación de la norma hasta el año 2030 y se comparan con experiencias similares desarrolladas en otros países europeos.
Según este informe, el coste del Sistema Colectivo de Responsabilidad Ampliada del Sector (SCRAP) podría casi triplicarse en los próximos cinco años, pasando de los 48,5 millones de euros actuales a más de 134 millones en 2030.
Desde CEOE CEPYME Cuenca advierten de que este incremento de costes podría tener un fuerte impacto sobre el tejido empresarial, especialmente en el comercio minorista.
El informe estima que más de 11.000 pequeñas y medianas empresas podrían verse afectadas hasta el punto de desaparecer, junto con hasta 21.000 puestos de trabajo, debido al incremento de las cargas económicas derivadas de la nueva regulación.
La organización empresarial señala que las microempresas y pequeñas empresas serían las más perjudicadas, al disponer de una menor capacidad para asumir estos nuevos costes.
Además del impacto económico, CEOE CEPYME Cuenca alerta de que el proyecto de Real Decreto incorpora nuevas obligaciones administrativas y requisitos relacionados con la gestión de residuos y los espacios destinados a su recogida en los establecimientos.
Según el análisis de CEPYME, estas exigencias podrían multiplicar por diez los costes burocráticos inicialmente previstos por el propio Gobierno.
La organización considera que estas obligaciones no contribuyen de forma directa a mejorar la economía circular, pero sí incrementan la complejidad administrativa de las empresas y obligan a destinar recursos que podrían invertirse en innovación o en el desarrollo de proyectos sostenibles.
Por ello, CEOE CEPYME Cuenca muestra su preocupación por el impacto que esta futura normativa puede tener sobre un sector formado mayoritariamente por pequeñas y medianas empresas, que, según advierte, cuentan con menores recursos para afrontar las nuevas obligaciones económicas y administrativas.