Es en esta situación donde la izquierda se desenvuelve con especial destreza, trenzando un discurso alrededor de conceptos que en muchas ocasiones son falaces. Un ejemplo de ello son las movilizaciones sobre la defensa de los servicios públicos que se están llevando a cabo contra las administraciones autonómicas gobernadas por el Partido Popular.
Los organizadores de las movilizaciones confunden interesadamente dos conceptos económicos distintos: lo universal y lo público. Lo primero hace referencia al acceso de un bien o servicio y lo segundo a su propiedad, es decir, algo universal es un producto que es accesible a todo el mundo en un país, y algo público es un bien pagado con los impuestos de los ciudadanos y controlado por los políticos.
Estos conceptos no tienen por qué estar conectados, por ejemplo, en los países desarrollados el agua y los alimentos son bienes universales en la medida en que son accesibles en mayor o menor medida a todo el mundo, -salvo para minorías que son atendidas por instituciones-, sin que estos productos sean controlados directamente por el Estado.
Pero una cosa es que un bien sea universal y otra es que sea gratuito; desde que existe el hombre, éste ha luchado por cubrir sus necesidades, cada vez más sofisticadas: alimentos, salud, seguridad y educación, son aspectos que han costado un inmenso esfuerzo y que sólo a través del desarrollo económico han conseguido generalizarse y hacerse accesibles a todos, pero en ningún caso éstos se han vuelto gratis.
Dicho de otro modo, los humanos seguimos dedicando todo el fruto de nuestro trabajo a alimentarnos, estar seguros, tener salud y educar a nuestros hijos, lo que ocurre es que como nos hemos desarrollado también tenemos suficiente renta para gastar en otros bienes.
Conviene recordar este hecho, ya que uno de los efectos del Estado del Bienestar es el de difuminar la sensación de que ciertos servicios cuestan dinero; los economistas sabemos que si el precio es cero la demanda tiende a infinito, por lo que el coste de suministrar el servicio se multiplica, a no ser que éste colapse antes, -en España tenemos ejemplos muy recientes de ambas situaciones-.
Los ciudadanos, sabedores de que los servicios cuestan dinero, debemos reorientar el debate dirigido por la izquierda y conseguir que servicios universales como la educación y la sanidad nos cuesten cuanto menos dinero posible mejor, independientemente de quién lo gestione, explorando los diferentes modelos que están teniendo éxito en Europa.
Bien parece, por tanto, que las manifestaciones anunciadas responden a una intención de aprovechar un malestar lógico por los recortes para dañar a los gobiernos autonómicos, utilizando para ello el argumento falaz de “lo público”.
Resulta paradójico cómo ese discurso ha causado la ruina de Castilla La Mancha, poniendo en peligro la viabilidad de esos servicios que pretenden proteger. A menudo, la economía es una ciencia contraintuitiva, y no siempre coinciden las intenciones con los resultados, por mucho que estas sean rentables políticamente.
Pablo Muñoz Miranzo
Twitter: @pmmiranzo
Si (
No(
