La ciudadanía está promoviendo un escrito de alegaciones en el que expresa su oposición a que se apruebe el Convenio para desmantelar el tren cuando todavía están pendientes de resolución distintos recursos. En primer lugar, el presentado ante el Tribunal Supremo por Ecologistas en Acción, Izquierda Unida y el sindicato Comisiones Obreras, el 11 de diciembre del año 2023, contra el decreto de clausura del tren que habilita a ADIF para financiar las actuaciones previstas en el Convenio firmado con la Junta, Diputación y Ayuntamiento de Cuenca.

Si el Tribunal Supremo anulara el decreto de clausura y ADIF hubiera financiado que se realizaran las actuaciones estratégicas podría provocar una inversión irresponsable excesiva. Por lo tanto, en una administración moderna y bien ordenada lo que procede es actuar con cautela en el marco del Estado de Derecho y, en consecuencia, ADIF no debería estar habilitado para financiar hasta que dictara sentencia el Tribunal Supremo.

Existen más razones jurídicas para extremar la cautela y no actuar. Por un lado, está pendiente de resolver el recurso de amparo que presentaron ante el Tribunal Constitucional en febrero del año 2025 diez ayuntamientos afectados por el cierre de la línea de tren Madrid-Cuenca-Valencia; y también la denuncia que en agosto del 2025 presentaron cuatro Ayuntamientos de Cuenca contra el Gobierno de España, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por vulnerar el derecho de toda persona a que su causa sea oída equitativamente, dentro de un plazo razonable y por un tribunal independiente e imparcial.

Además, el escrito de alegaciones menciona la vulneración de normas constitucionales para motivar el rechazo de la propuesta de Convenio. El Ministerio de transportes, ADIF y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha infringieron la ley cuando no respondieron a las demandas de los ayuntamientos y arremetieron contra la participación de cerca de veinte municipios que en los plenos habían solicitado unánimemente la renovación y mejora de la línea.

También argumenta la ciudadanía su oposición aludiendo que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en la Estrategia regional frente a la despoblación, publicada en noviembre de 2020, mencionaba entre las medidas a adoptar la modernización del ferrocarril. Sin embargo, yendo en contra de sus propios actos, asumió el informe elaborado por la empresa pública Ingeniería y Economía del Transporte (INECO) para desmantelar la línea, desdeñando el interés expresado por los ayuntamientos.

Por último, las alegaciones incluyen razones de limpieza democrática. Las investigaciones realizadas por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) han puesto de relieve la gestión presuntamente delictiva del ministerio de transportes y la empresa pública ADIF durante los años en los que se promueve el cierre de la línea y se firma el Convenio con ADIF denominado XCuenca. Tanto el exministro José Luis Ábalos como la expresidenta de ADIF Isabel Pardo de Vera han sido denunciados por presuntas actuaciones ilegales en el ejercicio de su función y están imputados por presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y malversación de caudales públicos.

A la vista de las acciones ilegales reveladas por la UCO, que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Cuenca sean cómplices y colaboren con una gestión presuntamente delictiva del ministerio y la empresa pública ADIF, no sólo contribuye a la degradación y envilecimiento de las instituciones regionales, sino que también induce a estremecedoras sospechas.

Los argumentos expuestos sirven a la ciudadanía para oponerse al Convenio propuesto por el Ayuntamiento, para llevar a cabo “las actuaciones estratégicas para la integración de los terrenos ocupados por la infraestructura ferroviaria y la integración urbana de los suelos ferroviarios desafectados”.