El presidente de ASAJA Castilla-La Mancha, José María Fresneda, y el secretario general de UPA Castilla-La Mancha, Julián Morcillo, han presentado este jueves la posición conjunta de ambas organizaciones agrarias ante el actual proceso de planificación hidrológica, al considerar que las medidas planteadas suponen una grave amenaza para el futuro del regadío y del sector agropecuario de la región.
Durante una rueda de prensa, ambas organizaciones mostraron su preocupación por las consecuencias que tendría la aplicación del cuarto ciclo de planificación hidrológica en los términos actualmente previstos y anunciaron que trasladarán sus propuestas a los grupos parlamentarios de las Cortes de Castilla-La Mancha con el objetivo de alcanzar una posición común en defensa de los intereses de agricultores y ganaderos.
José María Fresneda hizo un llamamiento a la “unidad social” y defendió la necesidad de lograr un consenso político que permita frenar unas medidas que, a su juicio, perjudican gravemente a la región.
“Nos vamos a las Cortes de Castilla-La Mancha con la intención de consensuar una posición con los tres grupos políticos del arco parlamentario y pelear lo que queda de año, y el año que viene, para que no se plasme el cuarto ciclo de planificación hidrológica tal y como está planteado”, señaló.
Asimismo, avanzó que las organizaciones agrarias intentarán actuar también ante las instituciones europeas para promover una prórroga de la Directiva Marco del Agua. Fresneda destacó además el respaldo de Cooperativas Agroalimentarias de Castilla-La Mancha al documento elaborado conjuntamente por ASAJA y UPA.
Alertan de importantes pérdidas económicas
Por su parte, Julián Morcillo expuso algunas de las consecuencias que tendría la nueva planificación para el campo castellano-manchego, especialmente en la cuenca del Guadiana.
Según explicó, la propuesta afectaría a una zona que concentra aproximadamente un tercio de la población regional y cuenta con unas 340.000 hectáreas de regadío, equivalentes al 58 por ciento de toda la superficie regada de Castilla-La Mancha.
Las organizaciones agrarias denuncian que el plan contempla la conversión en secano del 34 por ciento de estas tierras, una medida que tendría un fuerte impacto económico.
En concreto, estiman unas pérdidas anuales de 213 millones de euros en valor de producción, una reducción del margen neto de 82 millones de euros y una depreciación patrimonial de unos 1.500 millones de euros como consecuencia de la pérdida de valor de las tierras al pasar de regadío a secano.
Morcillo insistió en la necesidad de una respuesta conjunta por parte de toda la región y aseguró que no permitirán “una política de regate corto frente a la extinción de derechos y a la reducción drástica de nuestras superficies de riego”.
Petición de una declaración institucional
ASAJA y UPA han solicitado formalmente a los grupos parlamentarios de las Cortes regionales que asuman el documento elaborado por ambas organizaciones y promuevan una Declaración Institucional que sea aprobada por unanimidad en el Parlamento autonómico.
El objetivo es instar al Gobierno de España a paralizar los recortes previstos y buscar alternativas que permitan compatibilizar los objetivos medioambientales con la continuidad de la actividad agraria y ganadera.
Las organizaciones recuerdan que Castilla-La Mancha está atravesada por siete cuencas hidrográficas y genera importantes recursos hídricos, pero consideran que las sucesivas planificaciones han favorecido históricamente el abastecimiento de otras regiones, especialmente del Levante, en detrimento de los derechos de uso del agua de agricultores y ganaderos castellano-manchegos.
Riesgo para el empleo y el medio rural
Según ASAJA y UPA, la situación se ha agravado tras la publicación, el 28 de noviembre de 2025, de los Esquemas Provisionales de Temas Importantes de las distintas Confederaciones Hidrográficas, que establecen las bases del próximo ciclo de planificación.
Las organizaciones alertan de que las medidas planteadas podrían traducirse en una reducción significativa de las concesiones de agua, menores dotaciones hídricas, la transformación forzosa de amplias superficies de regadío en secano y la desaparición definitiva de derechos de uso del agua adquiridos legalmente.
A su juicio, estas decisiones pondrían en riesgo la viabilidad económica de numerosas explotaciones agrarias y ganaderas, además de afectar al empleo, la actividad económica y la fijación de población en el medio rural.
El documento conjunto presentado por ASAJA y UPA incluye además una serie de propuestas alternativas para garantizar una gestión equilibrada de los recursos hídricos que permita compatibilizar la protección ambiental con el desarrollo económico y social de Castilla-La Mancha.
Ambas organizaciones concluyeron subrayando que la defensa del agua para la región debe situarse por encima de cualquier interés político o partidista y requiere una respuesta institucional firme, coordinada y unánime en favor del sector agropecuario y del conjunto de la sociedad castellano-manchega.
Si (
No(
