Martínez advierte sobre las intenciones de los gobiernos socialistas de Sánchez y de Page de acabar con los colegios de Educación Especial

La senadora del Partido Popular por la provincia de Cuenca, Montserrat Martínez, ha advertido sobre las intenciones de los gobiernos socialistas de Sánchez y de Page de acabar con los colegios de Educación Especial y, por lo tanto, de vulnerar el derecho constitucional de las familias de elegir libremente la educación que creen más conveniente para sus hijos.

Así de contundente se ha mostrado Martínez, después de que estos días se haya conocido que varios colegios de Educación Especial podrían correr el riesgo de ser cerrados, lo que ha provocado distintas movilizaciones, concentraciones e incluso recogidas de firmas para intentar paralizar este posible cierre o reducción de plazas en estos centros.

Según ha explicado la senadora, tanto la nueva Ley Educativa socialista del Gobierno de Sánchez como el Decreto de Inclusión del Gobierno de Page pretenden, con sus propuestas, eliminar los colegios de Educación Especial -entre el que se encuentra el colegio Infanta Elena de la capital conquense- para implantar un modelo en el que todos los alumnos con discapacidad se escolaricen en colegios e institutos ordinarios.

Además, ha recordado como la ministra de Educación, Isabel Celaá, dijo en el Senado que su intención era que los centros de educación especial se convirtiesen en «centros de apoyo a la inclusión que brinden asesoramiento y ayuda para que los alumnos de estos centros puedan incorporarse progresivamente a los ordinarios». “Con estas afirmaciones ya se dejaba entrever que su intención era cerrar los centros de Educación Especial, porque pretender convertirlos en centros de recursos era una manera de enmascarar su cierre”, advertía.

Y desde el Partido Popular, aseveraba, “nos oponemos a que sea el Estado el que decida cómo debemos educar a nuestros hijos. La inclusión se puede conseguir tanto en centros ordinarios como en centros especializados pero hay que tener en cuenta las características del alumnado, y lo que es intocable para nosotros es que siempre deben ser las familias las que puedan elegir lo mejor para sus hijos, como así se refleja en la Constitución”.

El artículo 27 recoge el derecho de las familias a elegir libremente la modalidad educativa que deseen para sus hijos, y además establece que la educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y, por tanto, lo que hay que garantizar es que se adopten medidas educativas adecuadas, porque “la verdadera inclusión educativa no es dar a todos los mismo, es dar a cada uno lo que necesita”.

Por lo tanto, desde el Partido Popular defendemos que cada alumno debe ser tratado como un caso particular, “por supuesto que hay un alumnado con necesidades educativas especiales que pueden atenderse en centros ordinarios con apoyos, pero hay otros que necesitan atención muy especializada y deberíamos ser capaces de garantizar ambos, siempre que sean las familias las que elijan”.

“Si hay algo evidente es la obsesión de todos los gobiernos socialistas, tanto el de Sánchez como el de Page, de coartar libertades y eliminar derechos porque en su modelo ideológico impera la imposición por encima de la libertad de las familias a elegir la educación que quieren para sus hijos”, declaraba la senadora al recordar como en Cuenca “la demostración evidente es la eliminación del aula TEA y el Bachillerato de Excelencia, y la zonificación impuesta por el Gobierno de Page donde obligan a los padres a elegir entre los centros de su zona y no el que verdaderamente quieren, y eso incluye, centros especializados, centros ordinarios y centros concertados”.

Por todo ello, “no entendemos el afán de los socialistas en atacar el derecho que tienen los padres a elegir la modalidad educativa que quieren para sus hijos. ¿Por qué motivos no pueden ser compatibles el educación Inclusiva y la Educación Especial?”, se preguntaba la dirigente del PP.