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CSIF insiste en el uso de purificadores de aire homologados en las aulas

Por Redacción
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lunes 07 de febrero de 2022, 12:04h

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La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) vuelve a reclamar a la Consejería de Educación la implantación de purificadores de aire homologados con filtros HEPA en las aulas de los centros educativos de Castilla-La Mancha para prevenir los contagios de coronavirus.
Un estudio desarrollado por cuatro científicas de la Facultad de Ciencias Medioambientes y Bioquímica de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) ha demostrado que los purificadores de aire son capaces de eliminar el virus en el ambiente en menos de una hora.
CSIF lamenta que la Consejería, a pesar de que los docentes han sufrido los dos cursos más difíciles de la educación en Castilla-La Mancha, no se haya planteado en ningún momento adquirir estos aparatos como complemento a la ventilación cruzada, lo que hubiera permitido reducir los contagios de Covid-19 en las aulas y evitar también las bajas temperaturas a las que se han visto expuestos docentes y alumnos, en muchos casos con ropa de abrigo y mantas en clase.
A esta investigación de la UCLM se suman las recomendaciones llevadas a cabo con anterioridad por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) o el Ministerio de Sanidad. Sin embargo, la Consejería de Educación no se ha planteado en ningún momento esta medida.
De hecho, se han producido desigualdades en la educación pública de la comunidad autónoma debido a que hay localidades y centros en los que se han instalado purificadores comprados por ayuntamientos y asociaciones de padres y madres, mientras que en otros, con menos recursos, no se ha procedido a su adquisición.
Es más, ni siquiera se han distribuido medidores de CO2, una solución tecnológica muy económica para conocer la calidad del aire. A estas deficiencias se añade que Educación continúa sin distribuir mascarillas FFP2, incumpliendo de esta manera la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, que obliga a la Administración proporcionar a sus trabajadores equipos de protección.
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