El pacto, que se divide en siete ejes y que en total cuenta con 420 medidas, prevé una inversión total de 3.429,688 millones de euros, de los cuales 1.369,789 irán a iniciativas para la promoción económica y empresarial, tal y como se desprende de la memoria económica consultada por Efe.
En este primer eje, se incorporan 92 medidas que abordan cuestiones como la necesidad de financiación de las empresas, simplificación administrativa, promoción del suelo industrial, internacionalización de las empresas, el impulso a sectores estratégicos y el apoyo al turismo.
"Con el objetivo de incrementar la actividad económica y la generación de empleo de calidad y siempre que se consolide la recuperación económica y lo permitan los objetivos de estabilidad presupuestaria, se asume el compromiso de no subir la presión fiscal al tejido empresarial de Castilla-La Mancha durante el periodo de vigencia del pacto y dentro de la capacidad normativa de la comunidad autónoma", recoge el documento en cuanto a la política fiscal.
Y como medidas concretas, prevé bonificaciones y deducciones en determinados aspectos del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones y en el IRPF.
La captación de inversión extranjera es otra de las medidas acordadas y, en concreto, proponen la creación de la "Investor Office" y de la "After care", que se prevé que estén en marcha a primeros de 2017.
El segundo eje, cuantificado en 471,214 millones de euros, son las políticas de empleo, con 52 medidas que integran el Plan Extraordinario de Empleo, la recuperación del servicio público de empleo, favorecer el autoempleo y mejorar la intermediación laboral.
La cualificación profesional y los recursos humanos, compuesto por 61 medidas y dotado con 158,8 millones de euros, es el tercer eje, que contempla entre otras medidas, la elaboración del III Plan de Formación Profesional de Castilla-La Mancha; planificar la orientación en formación profesional con el objetivo de adaptarla mejor a las necesidades de la empresas; incrementar el número de becas para cursar ciclos formativos de grado superior en la región y disminuir el importe de las tasas y precios públicos de los estudios universitarios.
El cuarto eje, compuesto por 46 medidas y dotado con 122,658 millones de euros, es el destinado a la investigación, desarrollo e innovación, que incluye aspectos como la investigación sanitaria -con la creación de un Instituto de Investigación Sanitaria en la región-, la investigación agraria y medioambiental o el desarrollo de las TIC.
La universidad también se incluye en este cuarto eje y contempla iniciativas como la mejora de la financiación nominativa destinada a las universidades regionales, la firma de un contrato programa para el apoyo o la actividad de las universidades regionales; actualizar, en coordinación con las universidades regionales, las enseñanzas de grado y postgrado; promover la implantación de dobles titulaciones y enseñanzas bilingües; reducir las tasas de máster; evaluar de forma periódica las tasas de grado y eliminar las tasas por reconocimiento de créditos.
La industralización y el modelo energético, con 25 medidas y 30 millones de euros, es el quinto eje, que atiende asuntos como la seguridad y calidad industrial, la modernización de la minería o la apuesta por las energías renovables.
El sexto eje del plan, dotado con 337,386 millones de euros, se ha reservado para el agua y las infraestructuras, con 110 medidas como la tramitación de una nueva ley del ciclo integral del agua, actualizar los planes de abastecimiento y depuración del agua en la región o recurrir los planes hidrológicos del Tajo, Guadiana, Júcar y Segura, así como el trasvase Tajo-Segura.
Asimismo, se promoverá que la reserva mínima en los pantanos de la cabecera del Tajo suba hasta los 900 hectómetros cúbicos y se propone la creación de un Observatorio del Agua.
Por último, el eje reservado a la agricultura y la sostenibilidad, dotado con 939,750 millones de euros, recoge 34 medidas destinadas a los jóvenes agricultores, a los agricultores profesionales, al desarrollo rural -con especial atención a la lucha contra la despoblación-, a la industria agroalimentaria, a la economía forestal y a la circular. EFE
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