Izquierda Unida en la provincia de Cuenca ha organizado un acto en la capital, junto con gran cantidad de colectivos, sindicatos y partidos, para mostrar su apoyo público a “los 5 del Buero” y conocer, de primera mano, la situación legal de los compañeros que se verán el próximo 14 de febrero ante el juez por defender la Educación Pública. Concretamente, “los 5 del Buero” recibieron el apoyo conjunto en Cuenca de STE-Intersindical, CCOO, UGT, Izquierda Unida, PCE, PSOE, Podemos, UJCE, CGT, Stop Desahucios, Ecologistas en acción, Comando Violeta, Junta de Estudiantes y Ciudadanos por la República. A la misma asistió el profesor represaliado Domingo Alcázar.
La formación ha querido, de esta manera, dejar clara cuál es la estrategia del gobierno del Partido Popular que pasa por criminalizar protestas pacíficas y democráticas para refrenar el derecho de la ciudadanía mostrar su descontento. “La educación pública ha sido vilipendiada y atacada durante los cuatro años de De Cospedal, sigue sin recuperarse en este momento y, además, quiénes la defendieron para todas y todos, pagan hoy las consecuencias.”
Así se ha expresado la concejala, y profesora, Ana Cruz, que ha hecho una pequeña introducción al acto y ha recordado que, a otro nivel, muchos compañeros y compañeras, incluyendo ella misma, se han tenido que enfrentar a expedientes y sanciones por la defensa de los derechos de los más jóvenes.
RECHAZO DEL RECURSO DE CASACIÓN SOBRE CIERRE COLEGIO PUENTE DE VADILLOS
El Coordinador Provincial de Cuenca, Jacobo Medianero, se ha referido a este asunto antes de comenzar el acto y, además de trasladar su apoyo a “los 5 del Buero”, ha valorado la sentencia del Tribunal Superior sobre el recurso de Casación interpuesto por el gobierno de De Cospedal contra la sentencia del TSJCLM por el cierre de la escuela de Puente de Vadillos, cuando cumplía con la normativa para mantener abierta su Escuela Rural.
Medianero ha asegurado que son “los rescoldos del fuego que el anterior ejecutivo regional disparó contra la educación pública. Era obvio que cumplían las ratios para mantener abierta su escuela, las ratios que se crearon para acabar con decenas de colegios rurales, y que, aun así, actuaron sabiendo lo que hacía y recurrieron conociendo el más que probable resultado. En estos casos uno piensa que tendría que ser Marcial Marín quien pague las costas a las que ha sido condenada la Junta de comunidades y no todos y todas las castellanomanchegas.”
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