La formación ha asegurado que esta situación es prolongada en el tiempo, conocida por tanto, y que no se están poniendo los medios para solucionarse. Algo a lo que, según indican, debería estar obligando la Junta de Comunidades para hacer cumplir la Ley.
Para IU, los responsables provinciales y regionales son conocedores de esta situación y no se está actuando con diligencia para resolverlo lo antes posible. Desde la formación hacen especial hincapié en que estas situaciones, de producirse, podrían acarrear obligaciones, por parte de los dirigentes políticos, de reducción de trabajo o incluso paralizaciones temporales de la actividad y, por tanto, piden a las instituciones seriedad en el cumplimiento de la normativa de bienestar animal y a las empresas privadas rapidez en la adaptación de sus medios para no reducir la carga de trabajo.
Por último, la formación ha asegurado que trabajará para trasladar esta denuncia a instancias superiores sino se solucionan los problemas actuales, aunque muestran su deseo de que esto suceda y evitar, de esta forma, un sufrimiento animal innecesario e ilegal.
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