El Grupo Socialista ha designado como ponentes al senador por Cuenca, José María Toledo, y a la senadora por Alicante, Encarna Llinares, que defenderán el veto y las 60 enmiendas que su grupo ha presentado a la ley. Toledo ha detallado el contenido de algunas enmiendas socialistas y ha apuntado, previamente, que el objetivo de su grupo parlamentario ha sido aumentar el nivel de protección del consumidor y "no quedarnos en una legislación de mínimos, como ha hecho el Gobierno con una simple transposición de la directiva europea".
El parlamentario del PSOE ha hecho mención a la regulación de los servicios de atención al cliente y ha señalado que "vamos a incorporar en una de las enmiendas un libro completo que regule aspectos sobre las ventas telefónicas o por internet". En este sentido, ha anunciado la necesidad de reclamar que estos servicios de Atención Cliente sean gratuitos y que sean personalizados. "Las empresas no pueden hacer negocio con los servicios de atención al cliente. Deben trabajar para la solución de problemas sin generar costes adicionales. Queremos acabar con la idea de que el consumidor está en el nivel más débil de la cadena en este tipo de ventas y las empresas tienen que poner de su parte. Por ello, proponemos la prohibición de utilización de números de tarifación adicional".
En otro orden de cosas, en lo relativo al plazo de resolución de las reclamaciones en ventas a distancia, el PSOE pretende ser más incisivo y reducir el plazo de 30 a 15 días para que el empresario agilice la reclamación de los consumidores y establecer una indemnización por incumplimiento de 50 euros. Para solucionar el problema de muchas familias con sobreendeudamiento por las hipotecas y para evitar los desahucios, se incorpora una enmienda que es la creación de un proceso extrajudicial de resolución de conflictos en caso de sobrendeudamiento de los consumidores: "un proceso sencillo y gratuito para resolver los casos de sobrendeudamiento de manera extrajudicial".
José María Toledo también ha abordado el problema del Spam y ha anunciado que su grupo establecerá que "en el caso de que el consumidor manifieste fehacientemente su rechazo a la comunicación comercial efectuada, ésta no podrá repetirse hasta transcurrido al menos un año". Toledo ha concluido subrayando la enmienda que ha redactado el PSOE para las acciones colectivas en defensa de los intereses de los consumidores: "Queremos que se legitime a los usuarios que se vean perjudicados o engañados por un hecho dañoso y sean un grupo de consumidores. Se trata de legitimar a las asociaciones de consumidores o entidades correspondientes para que puedan entablar acciones legales en la defensa de los intereses de estos colectivos de consumidores, como en el caso de las participaciones preferentes".
Por su parte, Encarna Llinares ha subrayado la ineficaz labor del Gobierno en materia de protección y defensa de los consumidores y la deficiente forma de legislar esta nueva ley. Llinares ha lamentado la poca ambición del Gobierno en la elaboración de la ley para mejorar la protección y la defensa de los consumidores y usuarios y ha destacado que ha sido una gran oportunidad perdida porque el Ejecutivo del PP se ha limitado a hacer una simple transposición de la directiva 2011/83 de la Unión Europea que establece un nuevo marco para regular los contratos a distancia y los celebrados fuera de los establecimientos mercantiles en materia de protección de los consumidores y usuarios en el espacio europeo.
La parlamentaria del PSOE ha insistido en que el Gobierno ha desaprovechado una oportunidad para hacer mejoras importantes en relación a la protección y defensa de los consumidores y ha recordado que, al principio de la legislatura, la ministra Ana Mato aseguró en el Senado que uno de los primeros proyectos seria la Ley de servicios de atención al cliente. En este sentido, ha puntualizado que ya han pasado más de dos años desde aquel anuncio y ha añadido que "a nivel normativo y legislativo, vemos con preocupación que no se defienden los derechos de los consumidores y los usuarios". "Este era un Momento importante para hacer reformas de más calado en relación a los consumidores y su protección", ha apostillado.
A continuación, Encarna Llinares ha afirmado que "queremos denunciar, además, que el Gobierno aprovecha el trámite de una ley para incluir en disposiciones adicionales normas que nada tienen que ver con la regulación de la misma ley. Esto perjudica a todo lo que tiene que ver con la actividad legislativa parlamentaria y no puede ser que se aproveche el trámite de enmiendas para incluir modificaciones tan sustanciales. De hecho, la ley que estamos tramitando tenía 4 disposiciones finales en el Congreso y ha llegado al Senado con 16 disposiciones finales".
Llinares ha resaltado que su grupo parlamentario ha presentado 60 enmiendas para aumentar el marco de protección de los consumidores y usuarios, para mejorar los mecanismos individuales y colectivos de reclamación y resarcimiento de daños, para la elevación de los servicios de atención al cliente, para la protección del acoso comercial que sufren los ciudadanos a través de las líneas telefónicas y la articulación de procedimientos extrajudiciales frente al sobreendeudamiento.
La senadora alicantina ha hecho hincapié en la enmienda socialista sobre la nueva regulación de los cigarrillos electrónicos y ha aclarado que las enmiendas que se aprobaron en el Congreso han perdido su valor debido a que entonces no se había dado luz verde a la nueva normativa europea sobre esta materia. A su juicio, el texto remitido por la Cámara Baja se queda corto en lo referido a la protección de la salud y la publicidad. "Nuestra enmienda, ha apuntado, mejora de forma notable lo estipulado en el proyecto de ley que ha entrado en el Senado. Se trata de una mejora sustancial en lo que tiene que ver con la regulación de los espacios de utilización. Además, ampliamos la prohibición al sector de la hostelería y, por tanto, equiparamos esta nueva regulación a la del tabaco en la ley 42/2010 de 30 diciembre. También proponemos una regulación más estricta de la publicidad, teniendo en cuenta las limitaciones de la directiva europea y las establecidas para la publicidad del tabaco".
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