La Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana se suma a la Ley de Tasas y la reforma del Código Penal, que suponen un paso atrás en los derechos sociales de la gente. Son todo ello respuestas directas y exageradas por parte del poder contra la protesta ciudadana pacífica. Suponen la criminalización de manifestaciones, acampadas, oposición a desahucios y otras reivindicaciones legítimas. Todo acompañado de la prohibición de la grabación de la acción policial para evitar que la gente pueda denunciar los abusos policiales que se están sucediendo a diario en todo el estado. Criminalizando la protesta social, intentan silenciar las voces contrarias a la política de corte dictatorial hecha por y para el beneficio del poder financiero, afirman desde la Asamblea de las Marchas por la Dignidad 22M en Cuenca.
Para este colectivo, la Ley Mordaza, lejos de asegurar la seguridad de la ciudadanía, da vía libre a la represión por parte del estado. La puesta en marcha de esta Ley supone la indefensión total de la ciudadanía ante cualquier acusación por parte de las fuerzas policiales del estado.
Desde la Asamblea de las Marchas por la Dignidad 22M en Cuenca , afirman que “no nos van a doblegar, no nos podrán callar. Los derechos a la libre expresión, reunión y manifestación es la vía para que la ciudadanía participemos en la vida política, exigiendo cambios y mejoras sociales”.
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