Así, uno de los puntos más destacados ha sido la decisión de aprobar el inicio de los trámites para el cobro de la deuda que mantienen los ayuntamientos y mancomunidades, del periodo comprendido entre 2006 y 2010, bien a través del Organismo Autónomo de Gestión Tributaria y Recaudación o bien de la Junta de Comunidades, según recogen los estatutos del propio Consorcio en su artículo 30.
También se ha aprobado por unanimidad, fijar un plazo máximo de dos meses para el pago voluntario de las cuotas a partir del su notificación, aunque con un plazo de quince días para que los ayuntamientos puedan presentar alegaciones al requerimiento. Una medida pensada para dar mayor liquidez al Consorcio y poner fin a la situación actual. Por primera vez, la Junta General ha aceptado las encomiendas de gestión de los puntos limpios de 46 ayuntamientos.
Dentro del orden del día, figuraba también el informe sobre la situación económica y la ejecución presupuestaria. Ángel Mariscal ha informado de que el interventor ha presentado reparos a la Cuenta General del ejercicio 2010 porque no se ha realizado el inventario de los bienes y derechos del Consorcio. Mariscal ha recordado que el 25 de enero 2009, el entonces vicepresidente del Consorma, el socialista Alfonso Plaza adjudicó a una empresa, por 17.800 euros más 2.848 de IVA, la realización de este inventario que debería reflejar las instalaciones, maquinaria, contenedores, inmuebles y demás bienes del Consorma.
Sin embargo, la empresa facturó sólo por el inventario de los contenedores de papel/cartón y envases ligeros y, al parecer, cobró la totalidad del presupuesto cuando, además, y según ha explicado Mariscal, el inventario de los contenedores lo tenía que hacer obligatoriamente la empresa concesionaria de la recogida selectiva y a coste cero. Ante esta situación Mariscal ha anunciando que iniciará los trámites necesarios para exigir a la empresa el trabajo cobrado o la devolución de lo cobrado, aparentemente al menos, de manera indebida.
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