El diputado nacional del PSOE por Cuenca, Luis Carlos Sahuquillo, afirmó hoy que las inversiones previstas en nuestra provincia con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2013 quedan “reducidas a la mínima expresión”. Y es que casi el 70% de la inversión contemplada en los PGE va destinado a la construcción del cementerio nuclear.
De los 217.998.630 euros contemplados en los presupuestos, unos 145 millones de euros son para el ATC que se ubicará en la localidad conquense de Villar de Cañas. “Este es el único apartado en el que el Gobierno del PP ha cumplido su palabra”, manifestó Sahuquillo, que hizo un repaso detallado del resto de partidas que, o bien disminuyen o desaparecen por completo.
Este es el caso del Consorcio Ciudad de Cuenca, que verá reducida la aportación del Estado para la próxima anualidad en 308.000 euros, dejando el Ejecutivo de Rajoy la partida en 1,7 millones de euros. Por otra parte, desaparecen por completo las partidas previstas para la reforma de los Juzgados de Motilla del Palancar, que ascendía a 560.000 euros; para la rehabilitación del Castillo de Garcimuñoz, 367.000 euros; o la Comisaría de Cuenca, que no incluye cuantía alguna.
Al margen del ATC, los Presupuestos Generales del Estado para el año 2013 prevén una inversión total de la Administración General del Estado en la provincia de 72.040.350 euros, lo que supone una reducción del 16,6% con respecto al pasado ejercicio. Dentro de esta partida se incluye la inversión del Ministerio de Fomento, que asciende a 52.276.150 euros; y la del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, de 17.209.360 euros. En este último departamento la reducción es del 53,1%.
Partidas “ridículas”
Sahuquillo señaló que el Gobierno del PP contempla partidas “ridículas” para infraestructuras como la Autovía de la Alcarria, que cuenta con 15.000 euros para los cuatro tramos en los que se divide y que, según los ‘populares’ conquenses, “era una prioridad de Rajoy”. O la Autovía que une Cuenca con Teruel, cuya partida para 2013 asciende a la “insignificante” cifra de 62.000 euros.
El mayor volumen previsto por el Ministerio de Fomento para la provincia de Cuenca “ni siquiera supondrá una inversión real”, puesto que serán más de 44 millones de euros para pagar expropiaciones de ejercicios anteriores y la concesión de la A-3 y la A-31 a su paso por la provincia de Cuenca.
“Estocada definitiva” al tren convencional
Del mismo modo, el parlamentario socialista aseguró que con la privatización de RENFE el Ejecutivo del PP le ha dado la “estocada definitiva” al tren convencional. De hecho, en los PGE 2013 ya no figura la partida de 12,2 millones de euros para el pago de nóminas y funcionamiento de la línea, y no para su modernización como señalaban desde el PP conquense. “Desaparece por la privatización que de RENFE va a hacer el Gobierno de España”, insistió.
En cuanto al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Luis Carlos Sahuquillo indicó que el Gobierno de Rajoy “le pega un bocado” a partidas presupuestas por su condición de plurianuales como el abastecimiento a los municipios de la Mancomunidad del Guadiela y pequeños núcleos de población colindantes, que pasa de 10 millones de euros a tan sólo uno. O el abastecimiento a los municipios de Entrepeñas y Buendía, cuya partida era de 3,5 millones de euros y se queda en apenas 100.000.
Más paro y más conflictividad
En el conjunto de la región, los PGE se caracterizan por “recortes y más recortes” y “ni una sola medida para la recuperación económica”. Nuestra región recibirá un 28% menos de inversión por parte del Estado, dejando la cifra en 612,33 millones de euros. Unos presupuestos que, a juicio de Sahuquillo, “traerán más desempleo y más conflictividad social”.
Se trata, además, de unos presupuestos “insolidarios” en materia social porque el gasto en esta partida se reduce, a nivel nacional, hasta el 55 por ciento. A modo de ejemplo citó la dependencia, que ya en 2012 tuvo un recorte importante y este año se incluyen otros 200 millones en recortes. Por otra parte, el fondo de compensación para comunidades autónomas pasa de 93 a 36 millones de euros y no hay políticas para incentivar el empleo.
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