Más colegios privados concertados, “porque en C-LM hay muy pocos”, es lo que la Presidenta del Gobierno ha anunciado unos días antes del aniversario de la Constitución. Con ello pone el foco sobre varios derechos y libertades constitucionales mediante un plan que decreta recortes salariales y duras medidas contra lo público sin pactar en ningún foro de diálogo social ni negociarlo en las mesas correspondientes.
En una capital como Cuenca, sin grandes complicaciones demográficas y escolares, o en localidades como Tarancón y otros pueblos manchegos con la justa y necesaria enseñanza privada concertada, el anuncio de incrementar conciertos está fuera de lugar. Porque aquí sólo se pretende la convivencia pacífica entre los distintos tipos de servicios públicos, concertados y subvencionados. Eso es lo que construimos entre administración, patronal y sindicatos a base de vigilancia y diálogo. Es el recorrido tripartito del desarrollo del derecho a la educación, a la libre elección de centro y otras garantías constitucionales en el plano estatal, autonómico y local desde hace décadas.
La razón de ser de la enseñanza concertada, se define en la LOGSE de 1990 y su origen está diez años antes, cuando la Carta Magna de 1978 mandataba garantizar el derecho a la educación obligatoria para todos y la libre elección de centro. El baby boom y la aportación de alumnado de provincias por la emigración laboral hacia Madrid, Valencia y otras áreas metropolitanas exigían una respuesta rápida a la demanda de escolarización universal y gratuita. El estado comenzó a mantener con fondos públicos a determinados centros privados si aplicaban las enseñanzas en pie de igualdad con la pública. Los conciertos priorizaban los proyecto en zonas desfavorecidas de las nuevas áreas urbana.
Hoy la Comunidad de Madrid y otras áreas metropolitanas experimentan la falta de control público sobre una doble red educativa que se descompensa y segrega al alumnado. Y otro tanto podríamos decir de la red sanitaria y asistencial: muchos sindicatos madrileños de la sanidad y todos los de la enseñanza pública han exigido que se niegue dinero público para hacer negocios sin más.
Ahora en Madrid y otras áreas metropolitanas de este país no se escolariza en igualdad repartiendo a todo tipo de alumnado entre todos los centros (públicos o concertados). Se camina en la dirección opuesta al respeto institucional a las diferencias y se ignora la igualdad de oportunidades.
Exportar desde Madrid un modelo que renuncia a la cohesión social y se presenta en Castilla-La Mancha bajo el sarcástico título de Plan de Garantías de los Servicios Sociales Básicos es una equivocación del equipo de la Presidenta que va a provocar, como ella misma auguró, una protesta laboral y ciudadana exigiendo una rectificación.
Germán Cuadros Segarra
Secretario Provincial de UGT en Cuenca
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