El alcalde de Cuenca, Juan Ávila, ha subrayado por su parte que “tenemos un gravísimo problema porque, al no cumplir la Junta de Comunidades sus compromisos financieros con los Ayuntamientos, nosotros no podemos cumplir con nuestras obligaciones con proveedores”. En el caso de este Consistorio, la deuda que tiene pendiente de cobro del Gobierno regional supera los 3 millones de euros.
Ávila ha apuntado que “nos sentimos orgullosos de tener un sistema de servicios sociales que es puntero en nuestro país y que significa que las personas que más dificultades tienen en nuestros municipios han estado razonablemente atendidos hasta ahora y para nosotros es una prioridad seguir atendiéndolas, y me refiero a viviendas tuteladas, ayuda a domicilio, asociaciones de discapacitados, guarderías… Nuestra voluntad es seguir prestando esos servicios porque los necesitan los ciudadanos, pero para ello necesitamos de manera urgente que el Gobierno de Castilla-La Mancha pague sus deudas y además nos diga qué piensa hacer a partir del año que viene”.
El alcalde de Quintanar del Rey, Martín Cebrián, ha subrayado que “para los alcaldes es prioritario el pago de nóminas, pero es que los proveedores también tienen que pagar nóminas, por lo que esta situación es ya totalmente insostenible. Si no nos paga el Gobierno regional, tendremos que prescindir de servicios y nosotros no queremos prescindir de ellos. Los ciudadanos lo están pasando realmente mal y si las entidades públicas no hacemos un esfuerzo mayoritario por mantener esos servicios lo pasarán mucho peor”. En este caso, la deuda para este municipio de 8.000 habitantes es de 1,4 millones de euros.
También ha intervenido en la rueda de prensa el alcalde de Campillo de Altobuey, Francisco López, para incidir en el problema añadido que tienen las Zonas PRAS (Programa Regional de Acción Social). Y es que “la Junta de Comunidades debe a Campillo, una localidad de 1.600 habitantes, casi 700.000 euros, pero como además es cabecera de Zona PRAS, el convenio que tenemos firmado con la Junta es de 270.000 euros y de esa cantidad este Ayuntamiento ha adelantado ya el 90%”.
Para hablar de este asunto, ha dicho, “mantuvimos una reunión con toda la Zona PRAS, que en nuestro caso está compuesta por 15 municipios, entre ellos Minglanilla, y el que era alcalde de esta localidad y ahora delegado de la JCCM en Cuenca, Rogelio Pardo, ni siquiera asistió, lo que da una idea de que el Gobierno regional no quiere saber nada de los servicios sociales”.
Por último ha tomado la palabra la alcaldesa de Belmonte, Angustias Alcázar, quien ha reivindicado que “las competencias que estamos prestando, por las que se nos adeuda el dinero, no son municipales, no son de los Ayuntamientos, sino que son competencias de la Junta de Comunidades y, por tanto, es esta Administración la que los debería prestar y pagar”. En cualquier caso, ha continuado, “los Ayuntamientos vamos a seguir haciendo frente a nuestros compromisos, vamos a seguir prestando los mismos servicios que hemos venido prestando hasta ahora, pero quien ha dejado de prestarlos y posiblemente vaya a reducir su aportación desde el año que viene es la Junta de Comunidades”.
Alcázar ha recordado de hecho que “llevamos tres años de crisis económica y en este tiempo los Ayuntamientos hemos mantenido los servicios y los hemos cobrado, tanto los del PSOE, como los del PP o los de otras formaciones políticas. Pero es que a día de hoy no hemos cobrado un solo euro de ninguno de los programas de este 2011 que está a punto de terminar”. Además, “necesitamos saber cuánto nos va a pagar a partir del año que viene, porque no vale con decir que se van a mantener los servicios sociales, ya que si el Gobierno regional disminuye su aportación es imposible su mantenimiento salvo que éste recaiga en los ciudadanos, y nosotros vamos a luchar porque esto no sea así”.
Por ello, ha zanjado, “los Ayuntamientos vamos a intentar mantener esos servicios, pero no podemos hacerlo solos y si la Junta no cumple su compromiso será ella misma, la propia Junta de Comunidades, la que obligue a que esos servicios se dejen de prestar”.
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