La reunión tuvo lugar en la mañana de hoy en la sede de la Consejería y en ella se analizó el Plan de Garantía de los Servicios Sociales Básicos aprobado ayer. El consejero comunicó a los representantes sindicales el espíritu de las normas aprobadas en materia educativa y los motivos que han llevado al Gobierno regional a llevarlas a efecto. En este sentido, Marín justificó la aplicación de las medidas por el hecho de que “significan asegurar el futuro educativo de Castilla-La Mancha” y “garantizan la estabilidad de los servicios sociales”.
Además, informó a los asistentes que las medidas adoptadas están “recogidas por la propia ley vigente” y aludió en concreto al hecho de que tanto el Estatuto Básico del Empleado como la propia Constitución Española “recogen en sus textos la posibilidad de aplicar medidas como el aumento de las horas lectivas a impartir por los profesores”.
Por todos estos motivos, Marín pidió a los sindicatos que “se unan a este proceso de reconstrucción urgente de Castilla-La Mancha que se hace absolutamente imprescindible” y apeló “a que los agentes educativos nos concedan un margen de flexibilidad y un espíritu de colaboración institucional por razones de urgencia regional”. Marín pidió, en este sentido, “la misma flexibilidad y la misma comprensión que estas mismas centrales sindicales mostraron con el anterior Ejecutivo regional”.
Tras la exposición de estos argumentos, el consejero escuchó y atendió las intervenciones de todas las centrales sindicales quienes, una por una, expusieron sus reflexiones sobre las medidas adoptadas. En un clima de respeto por todas las posturas expuestas, Marín ofreció entonces la apertura de una Mesa de negociación con todos los presentes para planificar y consensuar cómo se van a aplicar las medidas anunciadas.
La propuesta de Marín fue apoyada por todas las centrales sindicales presentes en la reunión sin fisuras, quienes, unánimemente, se mostraron dispuestas a abrir la mencionada Mesa de negociación para estudiar, además, un nuevo acuerdo marco entre las partes.
Marín, tras lograr el consenso de todos, agradeció “la colaboración leal y la posición comprensiva de los profesores y del sector hacia las medidas
adoptadas” y aseguró que tanto la presidenta regional como él mismo tienen como prioridad absoluta “reconocer la labor de los profesores en las aulas, dignificarla y potenciarla” y recordó, en este sentido, que el Gobierno regional “tiene en marcha una Ley de autoridad del, profesorado” que devolverá al docente “el reconocimiento social a su trabajo, pieza fundamental de cualquier estructura educativa”.
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