Un "silencio cómplice", como lo califican desde la oposición, con el único objetivo de "tapar la política de recorte tras recorte de Cospedal".
De hecho, no ha sido hasta el pleno celebrado el pasado lunes cuando el grupo de la oposición conocía la cantidad que tendrá que desembolsar el Ayuntamiento por este motivo. "Las decisiones de los gobiernos del PP supondrán para el bolsillo de los casasimarreños un desembolso de casi 40.000 euros", explican.
Y es que los "recortes salvajes" en materia de servicios sociales por parte del Gobierno de Cospedal está motivando el despido de empleados públicos en los pueblos de la provincia de Cuenca y el cese de la prestación de servicios demandados y valorados por la población. En el caso del Ayuntamiento de Casasimarro, después de que el Ejecutivo regional rescindiera uno de los convenios, una trabajadora se ha visto en la calle.
Según el Grupo Socialista, la empleada decidió demandar al Ayuntamiento considerar que el suyo era un claro despido improcedente y éste fue condenado en primera instancia a pagar a la trabajadora un total de 31.000 euros. Sin embargo, el actual Equipo de Gobierno 'popular' optó por recurrir la sentencia y el resultado ha sido nuevamente en contra del Consistorio, que tendrá que pagar en última instancia unos 39.000 euros.
"Mientras que la partida para altos cargos del Gobierno de Cospedal contemplada en los presupuestos crece, en los pueblos vemos como perdemos trabajadores y servicios", insisten los socialistas, que piden "poner freno al recorte de derechos y servicios de quienes más lo necesitan".
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