Consideran los socialistas que “esta modificación se llevó a cabo sin abrir un nuevo procedimiento de contratación, a pesar del reparo de la Intervención municipal fechado el 6 de marzo de 2009, en el que expresamente se indica que se debería haber iniciado un nuevo expediente por variación de los requisitos esenciales del contrato original, en este caso el plazo de amortización”.
Explican que “la sentencia se basa en que para que exista prevaricación tiene que darse un resultado injusto de las actuaciones y consideramos que éste efectivamente se ha dado, ya que al no iniciarse un nuevo procedimiento se hurtó el derecho de otras entidades financieras a concurrir a esa nueva operación de crédito”. Además el GMS entiende que “el bien jurídico que se pretende proteger de la presunta prevaricación es el recto y normal funcionamiento de la Administración, que también se ha vulnerado en este caso por faltar el citado procedimiento de contratación”.
Transcurrido un año desde el primer archivo de la querella, los concejales socialistas creen que “se han dado circunstancias que afianzan nuestros argumentos y que refuerzan aún más la posible comisión del delito que en su momento denunciamos, ya que es algo objetivo que la dilatación del plazo de amortización de 2 a 20 años al mismo tipo de interés produce un mayor coste económico al Ayuntamiento por el mayor pago de intereses. La realidad es, además, que esos 5 millones que tenían un destino específico (la construcción de la sede de los agentes sociales) se han gastado en otros conceptos, lo que ha supuesto que se hayan paralizado las obras de construcción de la sede de los empresarios al adeudarse al contratista de las mismas la primera certificación, que asciende a 625.000 euros, debiendo el Ayuntamiento incluso indemnizarlo por no haberle pagado en plazo”.
Por estas razones y dado que se trata de un sobreseimiento provisional, el GMS pedirá la reapertura de las diligencias previas, “ya que se han producido circunstancias que pueden influir en este procedimiento judicial”.
El Grupo Municipal Socialista ha tenido conocimiento del auto de la Audiencia Provincial, fechado el 12 de abril, por el que se desestima el recurso que presentó contra el sobreseimiento provisional y archivo de la causa contra Francisco Javier Pulido por el presunto delito de prevaricación “debido a la modificación de las condiciones de un préstamo de 5 millones para la construcción de las sedes sociales sin seguir el procedimiento de contratación legalmente establecido”.
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