El consejero de Empleo y portavoz del Gobierno regional, Leandro Esteban, ha anunciado que será el Ejecutivo castellano-manchego el que asumirá las funciones que, hasta ahora, estaban encomendadas a la empresa pública ‘Instituto Don Quijote de Promoción Turística, Cultural y Artesana de Castilla-La Mancha, S.A.’ (IPT) y la Fundación ‘Ínsula Barataria para el fomento de la Sociedad de la Información y el Conocimiento en Castilla-La Mancha”.
Una medida que, tal y como ha explicado Esteban permitirá ahorrar a los castellano-manchegos unos 10 millones de euros, que se pondrán a disposición de los ciudadanos “para atender aquellos servicios sociales que sí son necesarios para los ciudadanos eliminando aquellas instituciones, organismos, empresas o sociedades, que no beneficiaban de ninguna manera directa a los ciudadanos. En este sentido, ha destacado que sus funciones van a pasar a ser desarrolladas por la propia Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha”.
Se trata por lo tanto, de que las funciones y los servicios que se prestaban desde esta sociedad pasen a prestarse por la Administración regional “implementando y consiguiendo el ahorro que servirá para poder atender esos servicios sociales básicos dentro del Plan de Garantía aprobado por este Gobierno”.