Así, han aclarado que el 28 de febrero el Servicio Municipal de Recaudación presentó un informe haciendo notar la necesidad de contratar asistencia técnico-jurídica para apoyar en la gestión e inspección de tributos locales y en la recaudación por vía ejecutiva, para lo que se inicia un procedimiento negociado de contratación, fórmula legal y habitual cuando el importe es inferior a 60.000 euros. En este caso, el importe es de 50.000 euros.
Para ello, se invita a tres empresas entre las que, a posteriori, se ha evidenciado podría existir un posible interés común. Ante esto, se adopta inmediatamente la decisión de anudar el procedimiento y poner en marcha otro de carácter abierto.
Los socialistas insisten en que "no se ha adjudicado nada a nadie, por lo que la denuncia del Grupo Popular no tiene razón de ser". Muy al contrario, han destacado que "ante las sospechas de que algo podía no estar conforme a la Ley, se ha suspendido el procedimiento, optando iniciar otro de carácter abierto".
Han rechazado además que haya nada extraño en este contrato pues desde que iniciara hace unos años la recaudación de sus propios tributos, el Ayuntamiento ha necesitado contar con apoyos externos.
Es más, ha señalado que la razón de de sacar a licitación este contrato es, precisamente, ahorrar dinero a las arcas municipales, pues hasta diciembre de 2012, este mismo servicio lo prestó una empresa, contratada por el PP cuando gobernaba, que facturó casi 400.000 euros entre 2010 y 2012.
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