Los castellanistas consideramos que este decreto del Gobierno es manifiestamente perjudicial para los intereses de las dos provincias castellanas afectadas, Cuenca y Albacete, pues supone prorrogar el incumplimiento de sentencias judiciales emitidas hace lustros, y darle un nuevo respiro a la Comunidad Valenciana, que afrontará el nuevo Plan Hidrológico del Júcar con el mismo e injustificado peso político que ahora, lo que será demoledor para Castilla, pues en el mismo se contemplará el reparto de agua para regadíos así como la sepultura definitiva de las 60.000 hectáreas de regadío que el propio Estado declaró de interés general hace décadas en La Manchuela conquense y albacetense y que siguen sin desarrollarse por presiones valencianas.
En el Partido Castellano (PCAS) queremos alertar que el documento mantiene el statu quo político actual (ignorando nuevamente las sentencias), que permite mayoría valenciana por un solo vocal, si bien consagra la provisionalidad que dura ya años y que consideramos es una nueva afrenta y desprecio hacia el interior castellano y a las propias resoluciones de los tribunales.
Para entender cuál es el problema, los castellanistas recordamos que en Valencia se acuñó el término ‘demarcación del Júcar’ en lugar del habitual en todas partes de ‘confederación o cuenca del Júcar’, pues se pretende mantener en la cuenca del Júcar a multitud de ríos independientes y no afluentes del Júcar, así como territorios que nada tienen que ver con el mismo. La cuenca hidrográfica del Júcar incluye, tan solo, tierras de Cuenca y Albacete, así como el sur de la provincia de Valencia. No incluye ni la Albufera, ni Valencia capital (por donde transcurre el Turia) ni el norte de la provincia valenciana ni Castellón o el sur de Tarragona, como tampoco la provincia de Alicante, todas ellas si incluidas en el concepto demarcación. El objetivo de añadir territorios a la ‘demarcación’ Júcar que no son de la cuenca hidrográfica del Júcar es político, dado que añadiendo población se consigue el control del río, de una importancia económica extraordinaria para ambas regiones, y que de otra forma no sería posible pues correspondería a los castellanos la mayoría en la Confederación, incluso con criterios demográficos. Esta es la razón por la cual en la Comunidad Valenciana se niegan a cumplir su propio Estatuto de autonomía, e incluso se levantan voces para que se modifique renunciando a competencias (la experiencia dice que el Estado favorece a la periferia), y no separan ni asumen la gestión de las cuencas intracomunitarias (las que nacen y mueren en territorio valenciano, como el Palancia), una competencia que se niega a desarrollar. De hacerlo, esas cuencas saldrían de la Confederación del Júcar, por lo que el Consell valenciano perdería representación y, por tanto, el control de la entidad que gestiona el río.
Con todo, el decreto incorpora una disposición transitoria que fija la hoja de ruta para poner fin a esa provisionalidad que mantiene los inaceptables privilegios de los valencianos, pero los castellanistas alertamos de que ese pretendido fin es posterior a la elaboración del Plan Hidrológico del Júcar (donde quedará ya todo decidido), por lo que las consecuencias para Castilla serán irreversibles ya que nuestros intereses serán decididos y subyugados por los valencianos.
Frente a todo ello, en el Partido Castellano (PCAS) queremos dejar claro que no nos basta con que se gestionen por separado los ríos que como el Júcar, el Turia o el Palancia son independientes, o con que se transfieran a las autonomías las cuencas intracomunitarias, sino que cada región debe gestionar su tramo de los ríos comunes y adaptarse a lo que tiene. Si Portugal y España gestionan admirablemente cada uno sus tramos de los ríos comunes, si el Danubio es gestionado por catorce Estados y regiones, no vemos la razón por la cual el Júcar no puede ser gestionado en régimen de igualdad territorial (sin el criterio demográfico, que bien aplicado además incluso favorece a Castilla). Eso es más compatible con el modelo de Estado Federal que la situación actual. Hay que tener en cuenta que todos los ríos castellanos, antes o después, van a parar al mar, por lo que todos nuestros ríos (y nuestros intereses económicos asociados), si no se gestionan como si de un Estado Federal verdadero se tratase, acaban siendo también de ellos, mientras los suyos solo serán de ellos, es decir, nuestros intereses quedan condicionados a los suyos sin que exista reciprocidad y eso es colonialismo.
Por último, el Partido Castellano (PCAS) quiere alertar que una vez elaborado el Plan Hidrológico del Júcar, junto con el resto de planes hidrológicos, se elaborará el Plan Hidrológico Nacional, por lo que en éste quedarán viciados y cercenados de origen los intereses castellanos, y los castellanistas nos tememos que una vez más, se ignorarán los regadíos que en su día fueron declarados de interés general por el Estado en La Manchuela y que los castellanistas reclamamos se construyan de una vez por todas. El asunto no es baladí, extrapolando experiencias similares en climatología y producción vegetal, estamos hablando de unos 130 mil empleos aproximados entre directos, indirectos e inducidos a repartir entre las provincias de Cuenca y Albacete. Como ejemplo de que no se tienen en cuenta los intereses de Castilla, de que se nos niega transformar en regadío nuestras tierras con nuestra propia agua mientras otros regadíos levantinos sí están siendo tenidos en cuenta pese a que no son de las tierras de la cuenca del Júcar, el real decreto reconoce nada menos que en su preámbulo la unidad (sic) de gestión del sistema Vinalopó-Alacantí, con lo que, mientras se mantenga el status actual, el Júcar-Vinalopó será considerado como un canal entre territorios del Júcar sin serlo, dándoles además a las tierras de Alicante derechos, reservas hídricas y preferencia en el riego, por 'derecho de antigüedad', sobre las de Cuenca y Albacete (que si son territorio Júcar).
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