Los populares denuncian que la devolución de estos avales supone además un incumplimiento flagrante del contrato ya que la mayoría de las mejoras no se habían ejecutado en ese momento, y siguen sin realizarse. Entre ellas está el asfaltado de 50.000 metros cuadrados de calles de estacionamiento regulado. El PP ha solicitado un documento en el que un técnico certifique que efectivamente se han realizado todas las mejoras que serían pertinentes para que se devolviese esta importante cantidad, que aún no les ha sido entregado, y temen que no exista. Según el portavoz del PP, Pedro J. García Hidalgo “es muy complicado que un técnico certifique que algo se ha realizado, cuando no se ha hecho”.
El PP ha explicado que esta decisión se adoptó en Junta de Gobierno el pasado 28 de diciembre de 2012, a pesar de que mejoras como el pago por móvil no se ha puesto en marcha hasta año y medio después, como hemos visto estos días en los medios de comunicación.
Los populares consideran también sospechoso que este acuerdo de la Junta de Gobierno anulase un decreto de 4 de diciembre, en el que el concejal delegado de movilidad, Darío Dolz, proponía la devolución de esta cantidad. A juicio de Hidalgo “es probable que el señor Dolz no quisiera cargar personalmente con una decisión presumiblemente irregular y exigiese que fuera un acuerdo conjunto de este órgano, en el que solo están presentes miembros del Grupo socialista”.
El Grupo Popular ha indicado que han investigado este expediente después de que el Grupo Socialista rechazase sus alegaciones al plan de asfaltado, en el que se incluían algunas de las calles que debían ser reparadas por esta empresa, tal y como se recoge en el contrato que ha incumplido Ávila.
En cuanto al informe contrario de la intervención, han sabido de su existencia por el acta de esta sesión de la Junta de Gobierno, si bien no les ha sido entregado por el momento, a pesar de haberlo solicitado hace 10 días. En este acta se indica que si bien se ha “conocido el informe de la Intervención Municipal de Fondos, que entiende que procede la desestimación de dicha reclamación por el principio de libertad de pactos”, se acuerda ordenar la devolución de los avales, en referencia a la petición que la empresa hace para que le sean restituidos los cerca de 3 millones y medio de euros que entregó.
El PP denuncia que en este asunto no se ha respetado el procedimiento administrativo normal que se prevé en casos como éste, en los que se fija una cantidad como aval y garantía de que las mejoras u obras en cuestión previstas en cada contrato se van a realizar. Con esta empresa, “Ávila ha actuado de forma irregular y arbitraria, ya que sin certificar que estas mejoras se habían realizado, devolvió esta cantidad y ahora tendrá más dificultad para reclamar a la empresa, en el caso de que no realizara la ejecución de las mejoras comprendidas en el contrato”, manifiestan.
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