El Grupo Popular recurrió el acuerdo de la Junta de Gobierno por el que se nombraba por el procedimiento de libre designación al Jefe de Licencias de la Gerencia de Urbanismo. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 dictó sentencia el 16 de diciembre de 2013 declarando la nulidad de dicho acuerdo. Posteriormente el TSJ emitió un decreto declarando la firmeza de la sentencia.
Los concejales del PP señalan que “el gobierno socialista interino en lugar de acatar la sentencia, ha buscado la formula para burlarla y mantener en el puesto a la misma persona”. Esto, a juicio de los populares, refuerza lo que ya afirmaron al inicio del proceso sobre que “esta plaza ya tenía nombre y apellidos”.
Desde el Grupo Municipal Popular se explica que al declarar nulo el nombramiento “hay que retrotraer todo al inicio, hay que situarse como si el nombramiento no se hubiera realizado”. Por ello –continúan los populares- “no es de recibo que se utilice la “adscripción provisional” como subterfugio para seguir manteniendo en su sitio a quien no debiera estar ya en él”.
A todo ello hay que añadir que, según el acuerdo de la Junta de Gobierno citado, el gobierno socialista interino de Juan Ávila mantiene las mismas condiciones “raras” que en la primera convocatoria por lo que creemos que todo está destinado a que sea la misma persona la que vuelva a ocupar el puesto”. Desde el PP se señala que “no es normal que se pida como requisito el de ser funcionario del Grupo A2( funcionarios a los que se le requiere para su ingreso una antigua Diplomatura) y no se permita a los funcionarios del Grupo A1(funcionarios a los que se les requiere una de las antiguas licenciaturas). De tal manera que un A2 será “jefe” de funcionarios del grupo A1.
Otro aspecto que los populares califican como “extraño” es que de la redacción del acuerdo se deduce que la posibilidad de optar a esta plaza está “vedada” a los funcionarios del Ayuntamiento de Cuenca ya que se indica que pueden acudir “funcionarios de la Administración del Estado, de las Comunidades Autónomas o de otras Entidades Locales”.
Los populares, que han pedido el expediente del acuerdo porque sospechan que no hay informes jurídicos en el mismo que avalen tal decisión, afirman que “no vamos a permitir esta burla”, y anuncian que presentarán recurso de revisión ante la Junta de Gobierno Local así como todas las acciones judiciales necesarias para obligar a Juan Ávila a cumplir con la ley.
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