Y es que son unas 1.000 personas las que se presentaron a esta oposición y que esperan que Diputación la convoque de nuevo y la realice “de forma transparente y cumpliendo las normas escrupulosamente, no como la última vez, para que en el futuro no se perjudique a ningún trabajador”.
González Mena recuerda que fueron varios los opositores que denunciaron el proceso, a quienes dio la razón el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Cuenca en marzo de 2014. Dicha sentencia fue recurrida por el equipo de Gobierno de la Diputación, liderada por Prieto, pero en junio de 2016 el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha la confirmó, declarando la nulidad del proceso selectivo y obligando a que fuera repetido.
Pese a ello, “va a hacer un año de la confirmación de la sentencia y no sabemos nada. ¿A qué se debe este retraso? ¿Es que el señor Prieto tiene algo que ocultar?”, señala el portavoz socialista. Y añade: “Si no convoca en breve esta oposición deberá dar las oportunas explicaciones a las 1.000 personas que se presentaron a ella”.
Incide González Mena además en “lo bochornoso” que fue el examen denunciado, tal y como confirman las sucesivas sentencias. En ella se declara que “no se salvaguarda el anonimato en la corrección de los exámenes”, así como que “al llevarse a cabo los ejercicios en distinto horario había opositores que ya habían terminado y que, conociendo el examen, podían utilizar medios electrónicos para comunicar las respuestas a otros opositores”.
Se llega a decir incluso que “los ejercicios se llevaron sin sobres lacrados o precintados, nadie vio cómo se desprecintaban los ejercicios, con lo que cualquier persona pudo acceder a ellos y tomar conocimiento previo de éstos”.
Por todo ello, González Mena ha exigido a Prieto a que “se responsabilice” de que el proceso se vuelva a celebrar garantizando la igualdad de condiciones entre todos los opositores que se presenten a ella. Asimismo, le insta a que “empiece a hacer bien las cosas pensando en las arcas provinciales, pues su nefasta política de personal desde que llegó a presidir la Diputación les está costando una millonada a los conquenses”.
Como ejemplo ha puesto los más de 600.000 euros del despido ilegal de trabajadores del Conservatorio, los 121.000 euros por despidos improcedentes en el Consorcio de Infraestructuras Deportivas o los 50.000 euros por la redacción de una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) en la legislatura pasada que “hubo que tirar a la basura”.
Y eso “a la espera de que se resuelvan numerosos procesos contencioso-administrativos, como por ejemplo frente a la última RPT, contra las normas del POS para 2017 o reclamaciones de Personal como la resolución del concurso de traslados; así como por lo penal, como un presunto delito de prevaricación en el servicio de Bomberos”.
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