La diputada regional del PP, Mª Ángeles García ha denunciado hoy que “quienes en 28 años de Gobierno, los dirigentes socialistas, han sido los artífices de la ruina de Castilla-La Mancha, no pueden pretender convertirse ahora en los salvadores de la región”.
En el pleno de hoy, durante la defensa del Dictamen emitido por la Comisión de Asuntos Generales, sobre el Proyecto de Ley de supresión del Consejo Económico y Social de Castilla-La Mancha, García ha defendido que en el contexto actual de crisis económica, que Castilla-La Mancha y sus ciudadanos padecen de manera más acentuada que el resto de regiones de España, el Gobierno regional debe realizar políticas de racionalización y efectividad de los recursos públicos, sin mermar la calidad de los mismos. Por ello la Administración regional, ha reducido considerablemente sus órganos directivos y el personal eventual de confianza política, para conseguir una administración más austera y eficiente, optimizando la calidad de los servicios públicos que se prestan.
Así, ha trasladado que el Gobierno regional considera oportuno crear un espacio de diálogo con los agentes sociales y económicos, en un marco de debate, eliminando el coste económico del CES, ya que las funciones encomendadas a este organismos, pueden ser asumidas a través de otros mecanismos que garanticen la participación de los agentes sociales y económicos en la toma de decisiones.
Durante su intervención, en la que ha pedido a dirigentes socialistas que apoyen la supresión del CES, “para crear empleo y garantizar los servicios sociales, en beneficio de los castellano manchegos”, ha asegurado que el Gobierno regional se rige bajo el principio de austeridad, por lo que “tenemos que hacer lo posible para beneficiar a los castellano manchegos”. Así ha subrayado que “con lo que cuesta un solo dictamen del CES, que costaría la ingente cantidad de 46.498.227 de pesetas, podrían vivir 2.113 familias en la región anualmente en la región y se podrían pagar las nóminas de 700 dependientes todo un año”.
Sobre las enmiendas que ha presentado el Grupo Socialista, la diputada regional ha asegurado que “no tienen argumentos jurídicos, no mejoran el proyecto ni lo modifican, que es la verdadera filosofía de una enmienda, sino que lo que quieren hacer desde el PSOE es un proyecto de ley, donde queden reflejadas las instituciones que forman parte de la Junta, poniendo un tope al presupuesto que hay que destinar a las mismas”. “Esta ley ya llega tarde, -ha denunciado- , porque han tenido momentos para hacerlo y no lo ha hecho, ya que lo que pretende la ley que ellos quieren que nazca es un gasto adicional para todos los castellano manchegos, gasto que el Ejecutivo autonómico quiere eliminar, y desde el Grupo Parlamentario Popular lo apoyamos”.
Así, la parlamentaria, ha asegurado que “votar en contra de las enmiendas que ha presentado el PSOE, es ahorrar y, por tanto, destinar recursos para tener en Castilla-La Mancha “una educación de calidad, universal y gratuita, unos servicios sociales de calidad y sobre todo, lo que quieren los ciudadanos es trabajar”, por lo que todo esto se consigue “con esta supresión, cuyo ahorro se destinará en crear empleo y garantizar los servicios sociales”.
Por último, ha afirmado que “la supresión del CES no va a mermar los derechos de los castellano manchegos, quienes se verán beneficiados al emplear el dinero que se ahorra en generar empleo y garantizar los servicios sociales básicos”, ha concluido.
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