Por otro lado, en la aplicación concreta de la Ley 6/2012, de 2 de agosto, de acompañamiento de la Ley 1/2012, de 21 de febrero, de Medidas Complementarias para la Aplicación del Plan de Garantía de los Servicios Sociales Básicos de Castilla-La Mancha, la Junta, entre otras medidas, ha despedido a más de 100 trabajadores y trabajadoras que realizaban labores tan importantes como valoraciones de dependencia, educación social o atención a mayores.
El Coordinador regional de IU, Daniel Martínez, ha señalado que “el Gobierno de Cospedal está aplicando una agenda de medidas con un claro fondo ideológico que suponen la práctica desaparición del sistema público de servicios sociales, destruyendo y desmontando incluso la aplicación de la Ley de la Dependencia, lo que sitúa a esta región en la avanzadilla de la exclusión social y la pobreza”.
Según Martínez, “se trata de medidas que dado el alto coste social que conllevan, al afectar a los más vulnerables y necesitados de apoyo, el escaso ahorro que aportan y que socaban la dignidad de los afectados y sus familias, solo se pueden calificar de indecentes, más aún teniendo en cuenta que existen partidas presupuestarias, como la dedicada a los altos cargos de la Junta que han crecido de forma considerable”.
“En realidad, lo que persigue claramente el PP es cambiar el modelo que consagran los artículos 1, 10 y 41 de la Constitución Española basado en la dignidad personal y la protección social de la ciudadanía como derecho fundamental, y pasar de un sistema público de protección social a uno de beneficencia y marginación”, añadió Martínez.
Por último desde Izquierda Unida de Castilla-La Mancha han querido expresar su apoyo a las movilizaciones convocadas por los trabajadores de la Junta, así como su respaldo y solidaridad a la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha.
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