La perdida de la Caja de Ahorros de Castilla-La Mancha como instrumento financiero de referencia regional, tras su intervención por el Banco de España y su posterior privatización, supuso un importante varapalo para el conjunto de la economía regional, que aún sufre sus consecuencias, tanto en el sector privado como en el público.
La Caja de Castilla-La Mancha fue uno de los principales exponentes de la degradación y el deterioro institucional que ha sufrido la región sobre todo en la última legislatura. Ha sido el mayor fracaso del bipartidismo regional, de los dirigentes del PSOE, del Gobierno regional y de la oposición del Partido Popular que ha ocupado durante más de 20 años diferentes cargos en sus órganos de gestión.
Según Daniel Martínez, “las graves irregularidades en la gestión de la caja de ahorros que dieron lugar a su intervención por el Banco de España y los claros indicios de responsabilidad política existentes deben ser objeto de investigación para que se conozca con detalle la gestión realizada hasta la fecha de la intervención, y se proceda en consecuencia a tomar las acciones e iniciativas necesarias que conduzcan a la depuración de las responsabilidades políticas y penales, en su caso, que pudieran derivarse”.
Desde IU esperan que desde el gobierno regional se tenga la misma firmeza y celeridad a la hora de constituir la comisión de investigación en las Cortes sobre la CCM que se ha tenido para decidir eliminar determinadas instituciones públicas dedicadas al control de la administración y ha defender los derechos de los ciudadanos.
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