El auto de la Audiencia Provincial de Cuenca, fechado el 21 de abril de 2015, descarta que se haya incurrido en un delito de prevaricación pues “no existen indicios racionales relativos a que el querellado haya dictado una resolución arbitraria”.
En cuanto a un posible delito de tráfico de influencias al que también hacía alusión el PP en su querella, la Audiencia considera que “en el presente caso, y así se desprende de las diligencias practicadas, no existen indicios racionales de que el querellado se haya prevalecido de su cargo para obtener el nombramiento de consejero-delegado ni para formalizar el contrato de trabajo. En cuanto al cargo de consejero su nombramiento se produce por el Consejo de Administración de la empresa pública, siendo un puesto de libre designación”.
Contra este Auto, que es firme, no cabe interponer recurso ordinario alguno, tal y como se recoge en el mismo.
Hernández ha expresado su satisfacción ante el fallo de la Audiencia Provincial de Cuenca aunque ha asegurado que “el daño personal, a mí y a mi familia; y el daño a mi imagen como representante público y como profesional ya están hechos”; al tiempo que ha lamentado “el afán del PP por criminalizar la gestión municipal y perjudicar gratuitamente a los representantes del Gobierno Socialista”.
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