Recuerda Torralba que fue el 4 de octubre de 2011 cuando el presidente de la Diputación, Benjamín Prieto, decidió despedir a los trabajadores de la OTU, dependiente del Patronato de Desarrollo Provincial. Dos meses después, el 9 de diciembre, una de las trabajadoras presentó demanda en el Juzgado de lo Social de Cuenca por despido improcedente.
Como tal, ya se ha conocido la sentencia, que ha condenado a la institución provincial a indemnizar a dicha trabajadora. Además, dicho fallo judicial dice que “la Ley de Bases del Régimen Local establece como competencia propia de la Diputación la asistencia jurídica, económica y técnica a los municipios, especialmente a los de menor capacidad económica y de gestión”. Además, continúa la diputada socialista, “también es competencia de Diputación la cooperación con los municipios en la elaboración de planes territoriales y urbanísticas, y la redacción de informes técnicos previos al otorgamiento de licencias”.
La cuestión, matiza, es que “la competencia en materia urbanística es de los Ayuntamientos, pero en caso de que estos no dispongan de personal será competencia del personal titulado de la propia Diputación”. Por lo tanto, subraya Torralba, la sentencia deja claro que “esta Oficina prestaba un servicio esencial a los municipios de la provincia”.
Esto supone, a juicio de la portavoz, que “el señor Prieto se equivocó con hacer desaparecer la OTU, pues muchos de los servicios que realizaban sus trabajadores en los municipios de la provincia hoy ya no se prestan”.
Además, muestra su preocupación por las consecuencias económicas de tal decisión, pues “si todos los trabajadores hubiesen interpuesto demanda la indemnización hubiese sido de 110.000 euros”.
Es más, apunta Torralba que “el 10 de mayo el equipo de Gobierno tuvo la oportunidad de corregir el error y readmitir a los trabajadores y, por lo tanto, seguir prestando este servicio esencial a los ciudadanos de la provincia. Sin embargo, optaron por abonar la indemnización, con el voto en contra del Grupo Socialista”.
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