El presidente de los grandes empresarios, Joan Rosell, ha entrado de lleno en seguir alimentando la mentira de que sobra personal empleado público, para ver si, como afirmaba Goebbels, se convierte en un convencimiento generalizado. Pero repetir esta mentira no va a convertir en realidad lo que no es más una falsedad consciente e interesada.
Somos uno de los estados europeos con peor calidad de los servicios públicos, con menor inversión en gasto social y con menor proporción de personas trabajando para el sector público. Dinamarca, Suecia, Francia… nos superan en protección social, en empleo, en riqueza y en número de empleados y empleadas en las Administraciones Públicas.
Quienes están provocando el déficit del Estado son quienes defraudan a Hacienda y quienes, desde su obligación de gestionar, no investigan el fraude fiscal y, de forma sorprendente, abogan por rebajar los impuestos.
En el Estado Español quienes pagan sus impuestos son las personas asalariadas, mientras a los que más tienen, no sólo se les han bajado varios puntos de su contribución en los últimos años y tienen recursos legales para disminuir su aportación hasta cifras irrisorias, sino que son los que participan, siendo muchas menos personas, en el mayor porcentaje de fraude fiscal.
No sobran empleadas y empleados públicos. Al contrario, faltan servicios públicos: faltan escuelas infantiles 0-3 años, faltan residencias para personas mayores, falta atención para personas discapacitadas, falta atención sanitaria, falta atención educativa, falta protección ambiental... Y todos esos servicios necesitan de personal empleado público.
Seguramente, lo que Joan Rosell pretende es que todos esos servicios puedan prestarlos empresas privadas, cuyo objetivo es ganar dinero, no atender las necesidades sociales, y con personas trabajando en condiciones que les permitan buenas ganancias. Por eso acompaña sus peticiones con una reforma laboral que permita los “miniempleos”, es decir trabajo con minisueldos y miniderechos. Podría pedir directamente el contrato de esclavitud, que seguro, les será aún más beneficioso y aumentará la competitividad española acercándola a la de los países del Extremo Oriente.
No se puede admitir que quien vive en unas condiciones, que la mayoría de la población ni puede soñar, se permita el lujo de afirmar que se deben aminorar unos salarios, ya escandalosamente bajos y que el Estado debe ofrecer menos protección social.
Hay quienes añoran tiempos pasados, donde los señoritos marcaban las normas laborales y sociales, pero desde las sociedades democráticas no se les puede permitir ni alentar sus anhelos. Ahora le toca al Gobierno denunciar esta barbaridad, poniéndose al servicio de la ciudadanía, o atender las demandas de los “mercados”, lo que significaría un gobierno al servicio de la banca y las grandes empresas.
La INTERSINDICAL DE CASTILLA-LA MANCHA (STE, STAS Y SF) va a luchar con todas sus fuerzas contra el retroceso social, equivalente a decenas de años, que significaría que los deseos de la CEOE se hicieran realidad.
Si (
No(
