El Gobierno de Cospedal rechaza hacerse cargo del pago de la anualidad de 2011 de las viviendas tuteladas de la provincia de Cuenca. Así lo aseguraron hoy un grupo de trabajadoras de estos recursos y alcaldes de los municipios, quienes denunciaron la situación “insostenible” que atraviesan debido a los impagos del Ejecutivo autonómico del PP.
Como venía siendo habitual desde el año 2001, los ayuntamientos – como gestores de estos recursos- suscribieron convenios de colaboración con la Junta a principios del año 2011 y en junio debían recibir el pago del primer semestre de dicho convenio. Sin embargo, con la entrada del nuevo Gobierno del PP “este semestre ya no se cobró, así como el segundo semestre”.
La gobernanta de la vivienda tutelada de Santa Cruz de Moya, Mª Carmen Monleón, destacó además que el comienzo de 2012 fue “un poco caótico, porque no quedaba claro si la Junta iba a mantener este servicio”. Finalmente, este verano los ayuntamientos conocían la posibilidad de acogerse a un nuevo convenio, con apenas 15 días de plazo y con variantes que suponen una rebaja de la aportación económica.
“Nos encontramos por tanto con un nuevo convenio firmado en 2012 pero sin recibir los pagos correspondientes ni de esta anualidad ni de la de 2011”, explicó. Algunos ayuntamientos están haciendo frente con recursos propios al pago de las nóminas de las trabajadoras, pero en otros casos éstas están sufriendo impagos. Y es que el Gobierno regional tampoco abona a los consistorios las cantidades que les adeudan por diversos conceptos.
“Hartas” de que la Junta las engañe
Las trabajadoras de las viviendas tuteladas relatan que en la reunión mantenida con el delegado de la Junta en Cuenca, Rogelio Pardo, y el coordinador de los Servicios Periféricos de Sanidad y Servicios Sociales, Carlos Navarro, “dejaron muy claro que ellos no eran responsables del pago de 2011”.
Tan sólo se comprometieron a abonar los pagos de la anualidad de 2012 antes del 31 de diciembre de este año. “Esperamos que esto sea cierto, porque la situación es insostenible para muchas de nuestras compañeras”, añade esta trabajadora de Santa Cruz de Moya, además “las que cobramos es gracias al gran esfuerzo de nuestros ayuntamientos, no de la Junta”.
Por último, en el manifiesto leído ante los medios de comunicación afirman que si la deuda no está subsanada en la fecha comprometida “las viviendas tendrán que cerrar, porque las empleadas no acudirán a su trabajo, porque estamos hartas de que se nos engañe”.
Apoyo a la mujer rural
La provincia de Cuenca cuenta en la actualidad con unas 60 viviendas tuteladas, que atienden a más de medio millar de mayores y que dan trabajo a cerca de 200 personas. Recursos que cumplen una importante labor social, ya que permiten evitar el desarraigo de muchos mayores y contribuyen a fijar población.
Y es que los trabajadores de estas viviendas son fundamentalmente mujeres del mundo rural que, de no tener este empleo, abandonarían sus pueblos. Una reivindicación que hacen prácticamente coincidiendo con el Día de la Mujer Rural, en el que la presidenta Cospedal abogaba por mostrar especial atención a este colectivo.
Unas declaraciones que contrastan, según Esmeralda Mena, trabajadora de la vivienda de Villar de Olalla, con “una situación de impagos que está poniendo en riesgo el empleo de muchas mujeres del mundo rural”. “Las mujeres reivindicamos nuestros puestos de trabajo, no nos queremos ir de nuestros pueblos”, insisten.
“Quieren que cerremos”
En representación de numerosos alcaldes afectados asistentes, el primer de Santa Cruz de Moya, Ángel Antón Moliner, manifestó que “hay que tener el corazón muy negro para jugar con los servicios sociales como lo hace este Gobierno”. La subvención de la Junta permite financiar entorno al 50 por ciento del coste total de las viviendas tuteladas, ya que únicamente con las aportaciones de los usuarios no es posible.
Por su parte, el alcalde de Tinajas, Antonio González Duque, pidió al Gobierno de Cospedal “un ejercicio de responsabilidad” y que abone los pagos. “Nos enfrentamos a un invierno en el que hay que echar gasoil para la calefacción y no hacen el esfuerzo de hacer algún pago”, insistió González Duque, convencido de que “quieren que seamos los ayuntamientos los que cerremos las viviendas tuteladas”. “No podemos aguantar mucho más”, concluyó.
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