La Plataforma por la Educación Publica de Cuenca informa que ha decidido apoyar y solidarizarse con los cinco acusados por participar en la protesta en defensa de la escuela pública que tuvo lugar en el pregón de las fiestas de Guadalajara en 2011.
Como sus compañeros en la defensa de la educación de Guadalajara, los miembros de la Plataforma consideran que con esta persecución lo que se busca es criminalizar las protestas y generar miedo para coartar la libertad de expresión y de manifestación. En la Plataforma de Cuenca dicen saber muy bien lo que estos gobernantes tratan de hacer. Aquí también por mandar un correo, describir el comportamiento de una persona, expresar tu rechazo a los recortes, al ATC o a lo desahucios o manifestarte contra la represión pueden acusarte de las mayores barbaridades (circunstancias que llevan, por ejemplo, a que dos jóvenes se enfrenten a penas entre dos y cuatro años de cárcel). Es por eso que afirman estar con sus compañeros de Guadalajara, porque entienden como ellos que la represión política, el recorte en derechos civiles, no es más que la otra cara de la moneda del recorte en derechos sociales. Y en la lucha contra uno y otro han de buscar la forma de apoyarse mutuamente y oponerse juntos a este cúmulo de injusticias.
El día 7 de septiembre de 2011 alrededor de 500 docentes, estudiantes, padres y madres se manifestaron en el Teatro Buero Vallejo de Guadalajara durante el pregón municipal para expresar el descontento por la política de recortes en materia de educación que el Partido Popular acababa de poner en marcha. Según explicó en su momento la Asamblea Docente de Guadalajara, mostraron su indignación de forma pacífica, pero, las autoridades municipales acusaron a cuatro docentes y a un activista del 15M de un delito de desobediencia a la autoridad grave, haciendo pasar una protesta ante un ataque a la escuela pública por un acto delictivo.
Durante la rueda de prensa ofrecida el pasado martes, 12 de noviembre, Nacho Monreal, Domingo Alcázar y Juan Ángel Maroto, explicaron las motivaciones de la protesta: “miles de profesores interinos cambiaban de centros, 800 se iban a la calle, los alumnos se quedaban sin biblioteca … por esa razón, decidimos manifestarnos por la escuela pública”. Desde la Asamblea de Docentes y la Plataforma Antirrepresiva de Guadalajara aseguran que la protesta fue “pacífica” y que no “hubo provocación de ningún tipo”.
Ahora la Audiencia Provincial de Guadalajara, en contra de la opinión de la Fiscalia, ve indicio de delito en las protestas y ha decidido juzgar a cinco personas por desordenes públicos y atentados contra la autoridad y que el proceso continúe por la vía penal. La acusación particular que representa a la Policía Municipal pide penas de cuatro años de cárcel por delitos de desobediencia civil y atentado contra la autoridad. Una condena que obligaría a su ingreso en prisión si son declarados culpables.
Asimismo, la acusación solicita una multa económica de 1.200 euros a cada uno de los acusados por lesiones a los agentes. Pero lo que existe es un parte de lesiones con un dolor en un dedo, pero no hay ninguna acusación a la persona, sino a la totalidad de los manifestantes. Los cinco acusados se consideran las cabezas de turco de la protesta de 2011 en la que participaron alrededor de 500 personas y en la cual, según interpretan a partir de los autos judiciales, todos estarían acusados de cometer esos supuestos delitos, aunque sólo cinco fueran identificados. No hay documentos porque no hubo ninguna agresión a ningún policía ni delito de atentado.
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