El vicepresidente ha querido salir al paso de las declaraciones “embusteras y alarmistas” de Carmen Torralba en las que venía a afirmar que tras el cierre de la OTU los municipios “se han quedado sin asesoramiento en competencias urbanísticas”. En este punto, Huete ha recordado que esta oficina se creó “hace apenas un año, con un convenio de un año de duración, que nos ha costado 196.862,73 euros porque la Junta de Barreda, no ha realizado ni siquiera un pago simbólico, y obviando que en la Diputación ya tenemos en nómina como funcionarios a un Arquitecto, ingenieros o técnicos de urbanismo, sobradamente preparados para prestar este servicio”.
Huete no ha querido “entrar a especular sobre las razones de fondo que llevaron a la anterior corporación, en al que la señora Torralba mandaba y mucho, a inventarse la OTU” pero si ha subrayado que esta oficina nació “sin personalidad jurídica propia, como un apéndice extraño de la Diputación y encuadrada en el Patronato de Desarrollo en lugar de hacerlo en donde le correspondía, que es en el departamento de Asistencia Técnica al Municipio, que es desde dónde se venía prestando este servicio y desde donde se va a seguir prestando”. Huete ha razonado también que “lo lógico y lo barato hubiera sido que, si con el personal propio, por cualquier razón, no se cubría la demanda de los municipios, se hubiera reforzado esta oficina sin tener que crear y pagar otra nueva”.
Respecto a las declaraciones sobre las sentencias que declaran nulas las bases para seleccionar arquitectos para la OTU y la UPD, Huete ha señalado que “Torralba está haciendo de Don Tancredo sin darse cuenta de que la vaca ya le ha dado un buen revolcón”. En este punto Huete afirma que “si no se han anulado el resto de las bases a las que hace referencia la diputada socialista, es porque nadie las ha recurrido” y explica que las dos sentencias son meridianamente claras y cita la literalidad de una de ellas en las que el juez razona que: “el interés general que late en los procesos selectivos de personal, exige que los puestos de la función pública, aun cuando incluso se trate de laborales temporales (el Estatuto Básico no establece diferenciación a tal respecto, englobando tanto al personal funcionario, como al personal laboral), sean cubierto por el personal más capacitado, siendo así que el establecimiento de dicho requisito, ser demandante de empleo en alguna de las Oficinas de Empleo, no guarda relación con los principios de mérito y capacidad”.
Lo que sí entiende el vicepresidente de la Diputación Provincial es la “trinchera política en la que quiere protegerse Torralba, cuando ante su chapuza esgrime su deseo de luchar contra el desempleo como coartada moral”. Lo entiende pero recuerda que “el primer deber de los responsables de cualquier institución democrática es someterse al imperio de la Ley y respetar las reglas del juego para garantizar los derechos de todos los ciudadanos, y el segundo, si se quiere crear empleo, es no despilfarrar en chorradas y aplicarse en crear las condiciones propicias para que los emprendedores puedan desarrollar sus ideas”.
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