La falta de oportunidades ha traspasado el ámbito público y llega hasta los espacios más recónditos. Las dificultades económicas por las que está atravesando la mayoría de la población española son evidentes. El número de divorcios se reduce y no por la falta de ganas de separarse de los conyugues, sino porque la situación económica no se lo permite, lo que lejos de pacificar los hogares es un nuevo motivo de conflicto y aumento de la violencia. La violencia de género aumentará ya que la desigualdad es la base donde se asiente la violencia y las medidas adoptadas por este gobierno profundizan las desigualdades de género.
Desde 2010, España ha bajado desde el puesto número 11 al 30 en el ranking de igualdad del Informe sobre brecha de género del Foro Económico Mundial. La política del ejecutivo actual se inscribe en el paradigma de la desigualdad y ese es el mejor camino para fomentar la violencia. Y aun así la partida para Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad cae un 35,6%. En concreto, la destinada a la Dirección General para la Igualdad de Oportunidades ha descendido un 24,1% y la de prevención integral de la violencia de género baja un 1,5% respecto a 2013 y un 22,5 % respecto a 2008.
Todo esto es especialmente grave cuando no sólo la violencia no se reduce, sino que cada vez más afecta a chicas más jóvenes. La mayoría de las víctimas adolescentes que llegan a los centros de atención de malos tratos tienen entre 15 y 17 años, pero han llegado a recibir a niñas de 12 y 13 años. Que en la LOMCE se elimine la educación para la ciudadanía y se posibilite la financiación de la educación segregada para niños y niñas poco ayuda a conseguir la igualdad, cuando sabemos que solo acabaremos con la violencia educando a las personas jóvenes en igualdad y en la resolución pacífica de conflictos.
Ante la alarma social el ejecutivo anuncia una “Estrategia nacional contra la erradicación de la violencia contra la mujer” que centra sus objetivos en las mujeres ya maltratadas desatendiendo la prevención.
Pero además de no atender a la prevención, las medidas adoptadas por el Gobierno del PP perjudican gravemente a las mujeres maltratadas. Los recortes están teniendo graves consecuencias que se traducen en la disminución de las denuncias, la retirada de las ya interpuestas, la reducción en la cifra de separaciones, de llamadas al 016, las medidas de protección y de concesión de órdenes de alejamiento. Se está desmantelando la red de protección y asistencia existente.
Los 8,5 millones menos de presupuesto desde que el PP llegó al poder han supuesto el cierre de casas de acogida y puntos de encuentro, una menor dotación para la asistencia social de víctimas y sus hijos, no se fomenta la formación de los cuerpos judicial y policial y ahora con la reforma de la Ley de Administraciones Locales, se pone en peligro la atención desde los Ayuntamientos, primera instancia de ayuda a las mujeres.
Desde la Federación de Servicios a la Ciudadanía CCOO-Cuenca denunciamos todas estas políticas de recortes que favorecen la desigualdad y anunciamos que nos seguiremos oponiendo a las mismas y luchando por un futuro igualitario y libre de violencia.
Llamamos a toda la ciudadanía conquense a participar en las distintas movilizaciones y acciones que las organizaciones de mujeres, sociales y sindicales han convocado para el 25 de Noviembre en nuestra provincia.
Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO-Cuenca