Mohorte: “El Ayuntamiento está dispuesto a firmar el convenio con el 112 mañana mismo si se acata la Ley”

Al respecto, Mohorte ha recordado que Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local aprobada por el Gobierno del Partido Popular deja claro que es la Diputación Provincial la que tiene la obligación de prestar el servicio de extinción de incendios a todos los pueblos de la provincia menores de 20.000 habitantes, más aún teniendo en cuenta que la Diputación está cobrando a los habitantes de estos pueblos por prestar el servicio. Así lo corroboró el Secretario de Estado de Administraciones Públicas del Ministerio de Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, Antonio Beteta, en un escrito remitido al Ayuntamiento de Cuenca en julio de 2014, tras una consulta al respecto.

Asimismo, ha explicado que, según esta misma Ley, los ayuntamientos pueden llegar a acuerdos con otras administraciones para la prestación de servicios que no le son propios siempre que el importe que reciba a cambio no sea menor al coste del servicio prestado, que en el caso del convenio con el 112 informes técnicos estiman en alrededor de 200.000 euros. Así se detallaba también en un informe de la Secretaría General del Ayuntamiento.

Mohorte ha insistido en que el Ayuntamiento “está dispuesto a firmar un convenio con el Consorcio 112 mañana mismo si se atiene a lo que dicen las leyes”.

La concejala considera que la Diputación Provincial de Cuenca debería “recapacitar” y firmar este acuerdo porque “está poniendo en riesgo de seguridad de esos pueblos cuando está en su mano la solución”.

Considera además que la razón por la que no se firma el convenio “es política y no económica” pues ha recordado que la Diputación está destinando más dinero a asuntos que no son de su competencia, como la aportación de 300.000 euros al Museo Paleontológico.

Finalmente, Mohorte ha lamentado situaciones como la que se vivió hace unos días en Castillejo de la Sierra y ha instado a los alcaldes y vecinos de estos pueblos a reclamar una solución a la Diputación de Cuenca, que es quien tiene la obligación de garantizarles el mejor servicio de extinción de incendios posible y a quien, además, le están pagando por ello.