La asociación StopAbolición, colectivo integrado por trabajadoras sexuales, empresarios del sector, publicistas y profesionales vinculados al mercado del sexo de pago, ha manifestado su negativa a la proposición no de ley presentada por Podemos en el Congreso de los Diputados, que reclama al Gobierno regularizar de forma extraordinaria a las mujeres en situación de prostitución, trata o explotación sexual.
Una medida populista, simplista y sin haber dado voz
El colectivo considera que la iniciativa responde a un cortoplacismo político de carácter superficial y que no resolverá las demandas ni las necesidades reales de las trabajadoras sexuales. Además, critican la exclusión de hombres y personas no binarias o en transición, lo que califican como "una incoherencia con las políticas de igualdad defendidas por Unidas Podemos".
Crítica al enfoque abolicionista
StopAbolición sostiene que la proposición parte de la premisa errónea, sin apego a los datos oficiales, de que la trata está indisolublemente unida a la prostitución, una relación que —según afirman— no está respaldada por los datos oficiales. En este sentido, recuerdan que, según el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), en 2024 se detectaron 376 víctimas de explotación sexual en operativos policiales, mientras que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) reconoció judicialmente solo nueve víctimas una vez se cerraron los procesos.
"En el texto presentado se percibe un marco abolicionista y un pensamiento criminalizador hacia el trabajo sexual", subrayan desde la asociación.
La legislación ya contempla los delitos de trata y explotación
La organización recuerda que el Código Penal español ya tipifica la trata de seres humanos con fines de explotación sexual (artículo 177 bis) y el lucro delictivo de terceros (artículo 187.1). Por ello, consideran innecesaria una medida "excepcional" como la propuesta por Podemos.
Igualmente, citan a organismos internacionales como CEDAW y el grupo GRETA, que recomiendan reforzar la lucha contra la trata y la explotación laboral fuera del ámbito de la prostitución, un aspecto que —según StopAbolición— suele quedar relegado.
El colectivo también expresa su preocupación por la posibilidad de que diferentes ONG o administraciones puedan acreditar la condición de víctima de trata, lo que, a su juicio, "abre la puerta a la pérdida de garantías y a la arbitrariedad", al quedar en manos de entidades privadas con posibles conflictos de interés.
Dudas sobre la gestión de fondos y programas
Además, StopAbolición cuestiona la eficacia del Plan Camino, impulsado por el Ministerio de Igualdad, y pide transparencia sobre el uso de los recursos destinados a programas para mujeres en riesgo o contextos de prostitución.
La asociación señala que "organizaciones como Médicos del Mundo España recibieron más de 48 millones de euros en 2024, sin que se conozca cuántas mujeres han sido realmente beneficiadas o de qué manera", denunciando la existencia de una industria del rescate con escasa rendición de cuentas.
Reivindicación de derechos
Finalmente, el colectivo pide que las trabajadoras sexuales sean escuchadas y participen directamente en los debates legislativos sobre prostitución. "No somos víctimas ni objetos de tutela. Exigimos la despenalización de nuestra actividad y el reconocimiento de nuestros derechos básicos, como cualquier otro trabajador o ciudadano", concluye el comunicado.
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