El consejero de Sanidad,
Jesús Fernández Sanz, y la presidenta del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, María Pilar Astray Chacón, han firmado un protocolo de colaboración con el objetivo de coordinar la atención a personas con enfermedad mental que se encuentren en proceso judicial o en riesgo de ser judicializadas.
El acuerdo formaliza la cooperación entre la Consejería de Sanidad de la Junta y el Tribunal Superior de Justicia, estableciendo mecanismos de actuación para garantizar la atención adecuada a quienes hayan cometido un delito o puedan estar en riesgo de hacerlo debido a un trastorno mental, discapacidad intelectual o adicciones.
Desde 2013, esta coordinación se ha venido desarrollando a través de las Comisiones de Análisis de Casos (CACS), que integran a profesionales del ámbito judicial, sanitario, social, penitenciario y de asociaciones de pacientes. Estas comisiones analizan casos concretos, comparten información, diseñan estrategias de intervención, realizan seguimiento y detectan carencias en la red de recursos.
Entre los objetivos del protocolo destacan la mejora de la comunicación entre ambas administraciones, la coordinación de recursos para la integración social de las personas con enfermedad mental, y la prevención de la judicialización, mediante la detección temprana y la aplicación de programas de tratamiento adecuados.
Asimismo, se elaborarán protocolos conjuntos de actuación, incluyendo aquellos orientados a facilitar la reinserción social de personas que finalizan condenas, asegurando un seguimiento adecuado en su entorno comunitario. Otro de los fines es difundir la existencia de las Comisiones entre los profesionales implicados, aumentando así el número de casos valorados y permitiendo la creación de protocolos generales para situaciones tipo.
Con este acuerdo, la Junta de Comunidades y el Tribunal Superior de Justicia buscan reforzar la atención integral, la prevención y la integración social de las personas con enfermedad mental, promoviendo una respuesta coordinada y eficaz frente a situaciones de riesgo judicial.