Dos grandes errores históricos en Cuenca

Cuenca, con poco más de 50.000 habitantes, es la capital de provincia menos poblada de Castilla-La Mancha. Una ciudad pequeña, compacta y tradicionalmente accesible a pie. Precisamente por eso resultan aún más incomprensibles dos de las decisiones urbanísticas más graves de las últimas décadas: la ubicación de la estación del AVE y la del nuevo Hospital Provincial, pomposamente denominado “universitario” en una ciudad que ni siquiera cuenta con Facultad de Medicina. Y si bien los alumnos de Enfermería y de Ingeniería Biomédica pueden realizar sus prácticas en él, también las han realizado y las podrían seguir realizando en el viejo y entrañable “Virgen de la Luz” situado a pocos metros de distancia, con tan solo cruzar una calle, la Avenida de los Alfares. Eso sin necesidad de tener que desplazarse a gran distancia puesto que a pie se tardarían unos 45 minutos y en autobús más de una hora. Todo ello debido a la pésima conexión entre el campus universitario y el nuevo hospital

Ambas infraestructuras, fundamentales para una provincia de más de 17.000 km² y 230 municipios, muchos de ellos gravemente despoblados, se han situado a varios kilómetros del centro urbano. Esta elección obliga a los usuarios a depender del coche privado, de un servicio de taxis claramente insuficiente o de un transporte público deficiente, con frecuencias escasas y tiempos de espera especialmente sangrantes en el caso del hospital.

La situación contrasta de manera evidente con la anterior. Tanto la antigua estación del ferrocarril convencional —cerrada en 2022— como el Hospital Virgen de la Luz se encontraban en ubicaciones relativamente céntricas, lo que permitía acceder a ellas caminando desde buena parte de la ciudad. Hoy, ese acceso peatonal es prácticamente imposible, algo difícilmente justificable en una ciudad de las dimensiones de Cuenca.

A ello se añaden deficiencias difícilmente explicables. El nuevo hospital carece de una señalización adecuada desde la ronda oeste, única vía de acceso, lo que convierte la llegada en un problema para quien no conozca la zona o no disponga de navegador GPS. El aparcamiento resulta claramente insuficiente. En la estación del AVE, por su parte, el estacionamiento es de pago pese a encontrarse en un descampado con espacio más que suficiente para habilitar zonas gratuitas, encareciendo aún más un medio de transporte ya de por sí costoso.

Resulta asombroso que en una ciudad tan pequeña se haya optado por emplazamientos propios de grandes capitales, donde la lejanía de ciertas infraestructuras es inevitable. Más aún cuando tanto la estación como el hospital podrían haberse construido en ubicaciones mucho más céntricas, cómodas y racionales para los usuarios.

No parece descabellado pensar que en estas decisiones hayan pesado más intereses crematísticos y especulativos que el interés general, una constante histórica en demasiadas actuaciones urbanísticas en España. El agravio comparativo es evidente si se observa lo ocurrido en otras capitales de Castilla-La Mancha como Toledo, Albacete o Ciudad Real, donde una o ambas infraestructuras están mucho mejor integradas en el tejido urbano.

Pero el problema no termina ahí. Mientras se construyen nuevas infraestructuras lejos de la ciudad, edificios emblemáticos de Cuenca como los antiguos Sindicatos, el Mercado Central, la sede de la Policía Nacional o el propio Hospital Virgen de la Luz —situado dentro del casco urbano— languidecen sin un proyecto claro de futuro. Su deterioro avanza y nadie parece explicar si acabarán rehabilitados o abandonados a la ruina.

Algo profundamente erróneo sucede en Cuenca con la planificación y gestión de las infraestructuras públicas. Y lo más preocupante es la apatía general: una oposición política ausente y una ciudadanía resignada, como si todo esto fuera inevitable. El daño ya está hecho y solo caben parches, pero el futuro de Cuenca y su provincia queda hipotecado durante décadas.

Una vez más, Cuenca aparece como el patito feo de la región, la más castigada y marginada en infraestructuras sanitarias y de comunicación. Y, como casi siempre, quienes pagan las consecuencias no son quienes toman las decisiones, sino los ciudadanos.

Constancio Aguirre Pérez