Las portavoces del colectivo del personal de viviendas de mayores de la provincia de Cuenca, agrupadas en Viviendas Unidas, han mantenido esta semana una reunión con la delegada provincial de la Consejería de Bienestar Social, Susana Zomeño, y con la jefa de Servicio de Mayores, Natalia Griñán, en la Delegación Provincial.
El encuentro sirvió para hacer entrega del manifiesto elaborado por el colectivo, en el que se analiza la situación de las 63 viviendas de mayores abiertas en la provincia de Cuenca —37 de ellas de gestión directa municipal—. Estos recursos atienden actualmente a unas 620 personas mayores usuarias y dan empleo a cerca de 200 trabajadoras y trabajadores, en su mayoría mujeres.
La iniciativa de Viviendas Unidas nace con el objetivo de defender la viabilidad y el futuro de uno de los pilares del sistema público de servicios sociales especializados, junto al servicio de Ayuda a Domicilio. En este sentido, las representantes trasladaron propuestas y objetivos a corto, medio y largo plazo para mejorar tanto las condiciones en las que se presta este servicio básico y de proximidad —especialmente en el ámbito rural— como las condiciones laborales del personal.
Durante la reunión se abordaron cuestiones que consideran de competencia provincial, como la necesidad de formación especializada y de apoyo psicosocial para las trabajadoras, así como otras reivindicaciones surgidas del conocimiento directo del servicio y de la experiencia diaria de las profesionales en la atención y cuidado de las personas mayores.
Por su parte, la delegada provincial recogió las aportaciones planteadas y compartió el análisis que la administración realiza sobre este recurso, apoyado en datos, normativa y la experiencia acumulada desde el ámbito del Trabajo Social.
Desde Viviendas Unidas valoraron positivamente la cercanía, el talante y la sinceridad de Susana Zomeño al contrastar con ellas la situación de un servicio considerado clave para las personas mayores y dependientes, especialmente en una provincia con un acusado problema de despoblación rural.
El colectivo continúa además con su campaña de recogida de firmas, tanto a título personal como de familiares de usuarios y vecinos de los municipios donde se ubican las viviendas, al tiempo que suma apoyos institucionales y sociales y trabaja en el cierre de próximas reuniones con alcaldes y responsables de distintas administraciones.
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